El cisma sindical en la Administración General del Gobierno de Aragón se agrava cada vez más. Un laudo dictado por la autoridad laboral acepta la impugnación de CSIF, y fija la fecha de las elecciones de delegados para el día 30 de marzo, la fecha que correspondía para desarrollar el proceso en tiempo y forma. Basa su decisión en un "error de forma" en los preavisos que interpusieron UGT y CC. OO, que pensaron que habían comunicado "fehacientemente" su petición, cuando en realidad deberían haber remitido un burofax. Una vez conocido el fallo, los dos sindicatos mayoritarios, que representan al 70% de la plantilla, lo subsanaron y presentaron nuevos preavisos para que se celebren en junio. Más de 11.500 funcionarios están llamados a elegir a 300 delegados de 15 comités de empresa y 6 juntas de personal.

Nunca hasta ahora, desde 1994, se había vivido en la Administración autonómica un enfrentamiento sindical como el actual. Hasta ahora, siempre se había fijado la fecha de las elecciones por consenso. Pero siempre hay una primera vez, y con el nuevo preaviso de UGT y CC. OO., es imposible saber si el 30 de marzo será la fecha definitiva.

La situación genera una "distorsión" en un momento clave de la legislatura, en el que se está negociando un pacto convenio que conllevaría mejoras para los empleados públicos. Y la incógnita está ahora en saber si puede mantener la negociación con el proceso electoral y, si se admite, cómo compaginarán los representantes sindicales las reuniones y la campaña. Con independencia de si el proceso acaba judicializado, los sindicatos mayoritarios avisan de que concurrirán a las elecciones ya sean el 30 de marzo, el 15 de junio o cuando se determine al final.

El enfado por la ruptura del acuerdo es palpable. "El empeño de CSIF por tirar adelante con este conflicto va a perjudicar a la mejora de las condiciones de los empleados públicos", denuncia Alicia Hernández, secretaria general de la Federación de empleadas y empleados de los Servicios Públicos (FeSP UGT Aragón). Y parecía que esta vez sí, al calor de la cercanía de las elecciones autonómicas, las condiciones podían mejorar.

Jornada de 35 horas semanales

Confiaban en CC. OO. y UGT en cerrar la negociación del pacto convenio en marzo. Entre las cuestiones que están encima de la mesa figuran la jornada laboral de 35 horas para los 11.500 funcionarios de la Administración General, una revisión de pluses salariales en las categorías más bajas, cambios que permitirán agilizar los procesos de traslados, la regulación de la promoción interna y una simplificación de las oposiciones.

Tal y como está el proceso ahora, este martes debería constituirse la mesa para dar inicio al proceso. Representantes de UGT y CC. OO. estarán atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos, y a cuál es la respuesta que ofrece Función Pública al nuevo preaviso, esta vez sin defectos de forma, que han presentado.

Ninguno de los dos sindicatos mayoritarios ha conseguido convencer a CSIF para definir, por consenso, la fecha. Una de las principales reticencias era la afección que tendría en el proceso la constitución del Gobierno autonómico que emanará de las urnas el 28 de mayo, que podría proponer cambios en la organización de la Administración.

Tan importante, o incluso más, es que el 90% de los procesos selectivos estará a punto de finalizar en junio y que el concurso de traslados que hay en marcha, con 3.000 puestos afectados, estará más avanzado. También se habrá iniciado la negociación para fijar las condiciones de los trabajadores públicos de Vertebración del Territorio que se verán afectados por el nuevo plan de carreteras.