Puede parecer un debate nuevo, pero lleva más de un siglo entrando y saliendo del Congreso de los Diputados. En esta ocasión, la proposición de Ley para prohibir la prostitución va por buen camino, por lo que se espera que en un futuro próximo se pueda perseguir tanto a los que explotan a las mujeres como a quienes consumen la prostitución.

La nueva ley ha sido admitida a trámite por amplia mayoría, ya que 232 diputados votaron a favor, por solo 38 en contra. En el Congreso se han visto las diferentes visiones que existen sobre esta realidad, que enfrenta a quienes abogan por su prohibición total y la persecución de puteros y proxenetas (entre los que están el PSOE, el PP y parte de Unidas Podemos) y quienes creen que este prohibicionismo generará más vulnerabilidad en las prostitutas, y prefieren una regulación de la actividad garantizando los derechos laborales de estas mujeres (entre ellos, los 'comunes' de Unidas Podemos, ERC, Bildu y PNV).  

En Aragón hay al menos tres entidades que trabajan con estas mujeres: Fogaral (Cáritas), Fundación Cruz Blanca y Médicos del Mundo. No hay cifras actualizadas de cuántas chicas se dedican a la prostitución, pero solo entre estas tres organizaciones atienden cada año a más de 1.000 mujeres atrapadas en el negocio del sexo, una cifra que ha ido al alza desde que comenzó la pandemia. Las entidades valoran, en general, de forma positiva la medida que se impulsa desde Madrid. Consideran que la prostitución “es una forma de violencia contra la mujer”, y que el camino para acabar con esta “expresión machista” es la coger “la vía abolicionista”.

Erika Chueca, de Médicos del Mundo, considera que “no se puede perpetuar un sistema en el que un hombre puede conseguir favores sexuales de una mujer por el simple hecho de tener dinero”. “No puede ser que la prostitución, la trata y la explotación estén tan socialmente aceptadas, que aceptemos tener amigos puteros”, señala. A su juicio, en el mundo de la prostitución hay que analizar “por qué en la mayoría de los casos es el hombre quien compra a la mujer”, así como “por qué casi todas las prostitutas son extranjeras”. “Hay factores que abocan a las mujeres a ser víctimas de trata y explotación, por lo que no se entiende que esto exista en una sociedad igualitaria”, apunta.

La visión de Marta Jiménez, de Fogaral, es muy similar. Esta entidad de Cáritas persiguen “una sociedad madura y consciente, con hombres y mujeres en igualdad, donde no haya ni que ejercer ni que consumir la prostitución”. Jiménez es consciente de que este discurso es una carrera de fondo “que tiene que empezar en las escuelas”, pero considera que hay medidas que requieren una mayor velocidad. “Esto es violencia contra la mujer, por lo que hay que acabar con ello”, señala. En esta entidad atienden a decenas de prostitutas, por lo que ven de primera mano “la durísima realidad que sufren”. “Aquí no hay fantasías amorosas; Pretty Woman no existe”, sentencia.

Por su parte, Carmen Martínez-Raposo, de Fundación Cruz Blanca, ve “muy positivo que empiece a haber cierto consenso en torno a prohibir la prostitución”. Eso sí, alerta de que es una medida que “no puede venir aislada”. Para empezar, porque es impensable que la ley, por sí misma, acabe con este fenómeno, aunque haya una intensa labor policial. España es el país con mayor consumo de prostitución de Europa, y se calcula que puede haber unas 45.000 mujeres explotadas. “Lo que se ve es la punta del iceberg. La realidad del sistema es compleja, y habrá que estar vigilante, porque los espacios en los que se ejerza estarán aún más invisibilizados”, señala Martínez-Raposo.

La referente en el tema de la trata de la Fundación Cruz Blanca cree que, por ello, es importante que la nueva normativa vaya acompañada “de medidas que permitan que estas mujeres puedan dejar la prostitución”. “Son mujeres que vienen de contextos muy vulnerables, con deudas en los países de origen, familiares a su cargo… Muchas están en situación irregular, por lo que no pueden tener papeles. A esto se suma el problema de la brecha de género para acceder a un empleo”, cuenta.

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Las alternativas para estas mujeres son fundamentales. Erika Chueca (Médicos del Mundo) opina que la ley tiene que ir previamente acompañada de “una dotación de servicios públicos, vivienda y acceso al mercado laboral” para que las prostitutas no se queden sin alternativas a su actividad. Marta Jiménez (Fogaral) advierte de que “si se deja de estar en la prostitución pero no hay recursos que garanticen el acceso a sus derechos, poco futuro van a tener”. Por eso, cree que antes incluso de que entre en vigor la nueva normativa tiene que haber “ayudas económicas y psicosociales, así como facilitar el acceso a recursos públicos especializados para ellas”.

Con la normalización de la pandemia, la prostitución a ido recuperando su pulso, a pesar de que ni con el confinamiento más estricto llegó a detenerse del todo. Según observan estas entidades sociales, la actividad se ha ido trasladando paulatinamente de las calles y los clubes a los pisos, donde es más difícilmente controlable. Con la entrada en vigor de la nueva ley, quien alquile estas viviendas con este fin podrá ser perseguido penalmente.

El perfil de las chicas que ejercen la prostitución en Aragón suele ser el de mujeres itinerantes, que hoy están aquí y mañana pasan a otra comunidad. Son mayoritariamente mujeres extranjeras, principalmente de Latinoamérica (sobre todo de Colombia, Venezuela y República Dominicana) y de África (Nigeria y Guinea). También han llegado de Asia y de Europa del Este, algunas de ellas llegadas desde Ucrania víctimas de las mafias de explotación sexual al huir de la guerra.