La DGA estima que el sobreprecio en las obras puede alcanzar los cien millones
Reclama un mayor margen legal al Ministerio de Hacienda para poder compensar a las contratistas. Asegura que hay un "peligro real" de paralización de actuaciones y los concursos desiertos aumentan
El Gobierno de Aragón estima que el sobreprecio de todas las obras en curso y planificadas, junto a las concesiones ligadas a infraestructuras, puede alcanzar los cien millones de euros como consecuencia de la escalada de costes de los materiales, agravada por la guerra de Ucrania. Esta es la cuantía a la que ha llegado el grupo de trabajo constituido tras revisar todos los contratos en curso, lo que ha llevado a la DGA a reconocer que hay un "peligro real" de que las contratistas paren las obras si no se les compensa, tal y como han advertido por escrito desde el pasado otoño.
Los cálculos se basan en las aportaciones de los cinco departamentos con inversiones -Sanidad, Educación, Vertebración del Territorio, Ciencia y Agricultura-, que junto al de Hacienda y a los servicios jurídicos analizan una respuesta unitaria a una "realidad innegable" que acucia a las empresas.
La situación preocupa a los socios del cuatripartito porque, confesaron, están en juego equipamientos e infraestructuras que son cruciales, especialmente a un año de las elecciones. Y lo que tienen claro que es no van a dar un tijeretazo a la inversión ni a recortar servicios, por lo que solo cabe disponer de los fondos europeos o tirar del déficit.
El mayor desfase corresponde al Salud, con dos hospitales y dos centros de salud en plena construcción que podrían requerir 20 millones. Pero también afecta a las inversiones de Carreteras, con un impacto de 2,5 millones que podría ser mayor con un presupuesto que este año asciende a 48. La Facultad de Filosofía y Letras en ejecución se incrementará en dos millones y los colegios en otro millón y medio, según ha contrastado este diario. Y habría que sumar el alza de Suelo y Vivienda, encargado de la urbanización exterior de Bon Àrea y de las obras acometidas en la estación de Canfranc.
Las fuentes de la DGA consultadas indicaron que la factura podría alcanzar los cien millones porque a estas cuantías hay que sumar las obras que acaba de empezar, las recién adjudicadas y las licitaciones. De hecho, han quedado varias desiertas al basarse en proyectos que se redactaron en su momento, sin tener en cuenta el alza de precios.
Las consecuencias económicas ya se han empezado a sentir porque las obras que han tenido que salir de nuevo a concurso lo han hecho por una cifra muy superior. Este es el caso de la promoción pública de pisos de la Merced, en Huesca, en la que Suelo y Vivienda se vio obligada a aumentar un 12,7% la propuesta de salida, pasando de 5,6 a 6,3 millones, con la que ha conseguido ahora dos ofertas. En breve le tocará el turno a la segunda fase del museo ferroviario de Caminreal, que se licitará otra vez con un incremento cercano al 20% sobre su importe inicial, fijado en 900.000 euros
Y lo mismo pasará con otro de los equipamientos para los que no se presentaron ofertas a finales del año pasado, el nuevo colegio de Sos, que se presupuestó en 790.606 euros.
La Consejería de Hacienda ha tomado medidas y este miércoles mismo reclamó al Ministerio un mayor margen para compensar a las contratistas. El decreto ley estatal publicado a principios de mes se ha quedado muy corto a juicio de las empresas y de la DGA, ya que se limita a obras de 2021, con una revisión de precios de entre el 5% y el 20% y solo para determinados materiales. Por ello, ha solicitado que aumente el listado y recoja también los contratos de servicios -como los de conservación de carreteras y concesiones de las depuradoras- y los de suministros vinculados a obras -caso del asfalto y del carburantes para que las brigadas afronten el mantenimiento de las vías secundarias-.
Por si tuvieran dudas en Madrid, la DGA alude a la desbocada subida de precios con ejemplos concretos: el cemento, hasta un 171,99%; el pladur, un 30% el año pasado y un 12% adicional en lo que va de ejercicio; la madera, un 100% y los vidrios, más de un 27% en el último trimestre de 2021.
Cobertura para ayuntamientos
De forma paralela, el Ejecutivo autonómico pretende aprobar su propio decreto ley para dar cobertura a los ayuntamientos y la Universidad, que padecen el mismo problema. En este caso, será una transposición del nacional, dado que la DGA ha descartado desmarcarse del Gobierno central, sobre todo después de que haya anunciado sendos recursos contra las normas propias que sacaron Galicia y Extremadura.
La Agrupación de Contratistas Aragoneses de Obras Públicas advirtió este jueves por carta al Ejecutivo autonómico de que, si no se modifica el decreto estatal, "casi en su totalidad" no podrán acogerse a la exigida revisión de precios por cuantía, plazo o exclusión expresa en el contrato. Esto les llevó a plantear que se arbitre una compensación extraordinaria a los contratos de obras y servicios y "para todas las certificaciones emitidas desde el 1 de enero de 2021 hasta la final".
