El Gobierno de Aragón ha basado su recurso de casación ante el Tribunal Supremo en la "eficacia" del toque de queda, probada "en picos anteriores", y en su capacidad para "limitar la interacción social de la población general y especialmente entre los más jóvenes". El escrito se presentó ayer a las 19.00, por lo que ya han empezado a correr los plazos. En él, el Ejecutivo insiste en que esta es una medida "proporcionada", ya que solo se pide su aplicación en territorios especialmente afectados. Es decir, en Huesca, Jaca, Barbastro y Monzón.

La DGA asegura haber armado un "exhaustivo informe" –en el que se detallan, entre otros aspectos, la evolución de la situación sanitaria en estas cuatro localidades– para convencer al alto tribunal tras el rechazo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). Una vez registrado se ha abierto un periodo de tres días para que el Ministerio fiscal presente sus alegaciones y, tras estas 72 horas, el Supremo tendrá cinco días para deliberar. El Ejecutivo de Javier Lambán habría pedido, además, que fuesen cinco días naturales a fin de acortar los plazos y frenar cuanto antes la transmisión. Sobre todo teniendo en cuenta que las tradicionales prefiestas y las ‘no fiestas’ de Huesca están a la vuelta de la esquina.

En su argumentación, el Gobierno aragonés incide en que la sexta ola "se ha iniciado en los grupos de población más joven como consecuencia de la finalización del periodo lectivo y el inicio de las vacaciones" debido a un modelo de interacción "muy ligado a los espacios de ocio y sociales y a que las franjas de edad más afectadas no habían tenido oportunidad de vacunarse".

Insiste, además, en que el toque de queda solo se pide para 15 días y permite conciliar la actividad económica con la protección de la salud de los ciudadanos. También defiende que, al quedar limitada la movilidad de 1.00 a 6.00, se facilita el control por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dado que se evitan actividades de riesgo como las reuniones en la vía pública y los botellones una vez cerrados los negocios y actividades públicas.

Hasta ahora han sido varias las comunidades que han recurrido al Tribunal Supremo para implantar el toque de queda tras el estado de alarma y el avance de la variante delta. Ha sido el caso de Cantabria, Baleares, Andalucía o Canarias. Esta última obtuvo ayer su respuesta. El alto tribunal descartó el toque de queda al considerar que no era proporcional, que carecía de justificación y que existía poca claridad en el planteamiento del Gobierno canario.

Respecto al rechazo del TSJA, el presidente autonómico, Javier Lambán, defendió ayer que "algún fundamento tendrán" los toques de queda propuestos por su Ejecutivo cuando otros Tribunales Superiores de Justicia están autorizando "exactamente las mismas medidas" en comunidades vecinas. Insistió, en este sentido, en que son las restricciones "más ajustadas y atinadas" para controlar la pandemia.