Los trabajadores sociales apoyan que la vacuna se pida para trabajar en las residencias "si hay cobertura legal"
El sector privado y los sindicatos esperan que al final el porcentaje de profesionales que se inmunicen supere el 90%.
¿Podría pedirse en un futuro estar vacunado contra la covid para trabajar en una residencia? La pregunta no plantea un debate en abstracto. La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, está a favor de esta medida que también han puesto sobre la mesa tanto los responsables de los centros como los colectivos profesionales que desarrollan su labor en ellos. Las opiniones son dispares, aunque todas coinciden en que hoy la mejor herramienta para frenar los contagios es la inmunización.
La presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, Cristina Sola, aseguró que este colectivo vería con buenos ojos que la vacuna fuera un requisito para trabajar en residencias de mayores y personas con discapacidad "siempre que se cuenta con una cobertura legal". "Tiene todo el sentido del mundo que se obligue a recibirla por el especial riesgo de transmisión a grupos de personas muy vulnerables", comentó. Explicó que estos días los trabajadores sociales de las residencias son los que informan a las familias de los usuarios y resuelven sus dudas.
Este tema genera un dilema ético sobre si la vacunación obligatoria vulneraría derechos fundamentales recogidos en la Constitución como a la integridad física, la libertad y la intimidad personal.
A esta disyuntiva aluden los responsables del sector. Consideran que hay que convencer sobre la necesidad de inmunizarse. "La vacunación es voluntaria y algo muy personal. En las residencias de la asociación casi el 90% de los trabajadores han dado su consentimiento y esperamos que este porcentaje al final sea superior", afirmó Carmen Torrijo, vicepresidenta de Arade (Asociación Aragonesa para la Dependencia).
Una opinión que compartió Emilia Bergasa, presidenta de la Asociación de Residencias de Ancianos y Servicios de Atención a los Mayores (Lares). En su opinión lo que falta es "una buena campaña publicitaria de las ventajas de la vacunación y el compromiso social avalada por científicos", con anuncios tan "impactantes" como los de la Dirección General de Tráfico o el ‘Póntelo, pónselo’ que ya ha cumplido tres décadas. Según Bergasa ya se están empezando a dar casos de trabajadores dudosos que tras estos primeros días se han decidido y otros que dijeron que no y han cambiado de opinión.
En esta misma línea, la secretaria de Servicios Sociales de UGT Aragón, Angélica Mazo, mostró su confianza en que conforme avance la campaña y la "incertidumbre inicial" desaparezca cada vez sean más los empleados que se vacunen. "En pocos días estamos viendo ya una evolución y personas dudosas o incluso que la rechazaban han modificado su postura", aseguró.
¿Qué nos indica la legislación española sobre la obligatoriedad? Hay voces que apuntan que en algunos casos se podría solicitar autorización judicial para vacunar a ciertos colectivos. A este respecto, José Antonio Sanz, abogado y secretario del Colegio de Abogados de Zaragoza, aclaró que en estos momentos, con "carácter general", la ley establece la voluntariedad de los tratamientos.
No obstante, el Ministerio de Sanidad tiene una "herramienta" y podría establecer una disposición específica "bien con carácter general o para un colectivo concreto que tendría que estar muy justificada". La regulación de prevención de riesgos laborales también contempla la posibilidad de que los propios trabajadores pueden exigir a sus empresas ser inmunizados, pero para ello sería necesario que la vacuna estuviese disponible en el mercado, requisito que hoy no se cumple.
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