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"Lo que plantea para la Educación especial es un brindis al sol"

Desde Atades en Aragón se preguntan cómo van a incorporar a sus alumnos a clases de 25 componentes "donde no hay personal ni recursos específicos para ellos con las carencias que ya existen ahora".

Colegio San Martín de Porres
Aula del colegio de educación especial San Martín de Porres, de Atades, en Zaragoza
Guillermo Mestre

La ley Celaá también ha levantado ampollas entre algunos sectores de la Educación especial, sobre todo los que trabajan con la discapacidad intelectual, y los progenitores de niños con discapacidad severa. Ante la redacción "ambigua" de la disposición que se refiere a ella, ven peligrar el futuro de estos centros en aras a una inclusión en colegios ordinarios que, aseguran, "no están preparados para ello ni hay recursos suficientes".

"Nos parece un brindis al sol y dudamos mucho de las consecuencias prácticas que vaya a tener. En los colegios de educación especial la ratio media es de cinco niños por aula, ¿cómo vamos a incorporarlos a clases de 25 alumnos donde no hay personal ni recursos específicos para ellos con las carencias que ya existen ahora?", se pregunta Félix Arrizabalaga, gerente de Atades en Aragón.

Añade que ni los docentes podrían "gestionar esa realidad" ni las administraciones "van a inyectar, por mucho que digan, los recursos necesarios para que el sistema sea inclusivo". Además de que esa realidad, dice, "tampoco respondería a las necesidades de estos alumnos".

Arrizabalaga afirma tajante que "no se segrega a nadie", como dicen algunos organismos y políticos, sino que "lo que hay es un ámbito con unos apoyos específicos y más adaptados para unas personas que tienen unas características especiales". Recalca que tampoco "se abusa" de la escolarización en los centros especiales a petición de las familias, y que siempre hay un dictamen de una comisión de Educación que fija la escuela a la que va el menor.

Para el gerente de Atades se ha generado una "polémica estéril" y "una vez más" se ha perdido una oportunidad para legislar "con consenso". También llama la atención sobre que el Gobierno aragonés, en anteriores ocasiones en las que se suscitado esta controversia, les ha trasladado "el reconocimiento al papel que juega la Educación especial y el compromiso de mantenerla".

Los convocantes de la movilización de hoy se suman a estas reivindicaciones. El secretario general de FSIE Aragón, Miguel Malla, explica que del artículo 37 del nuevo texto se desprende que dentro de 10 años "todos los centros ordinarios tienen que estar preparados para atender a todos los niños con discapacidad" y desaparecerán los especiales.

La presidenta de Fecaparagón, Concepción Ibáñez, añade que escolares con algún tipo de discapacidad pueden "estar en aulas ordinarias con diferentes fórmulas, pero es necesario que existan centros especializados". "Hay algo que funciona, los padres lo eligen y lo quieren destrozar. Existe una demanda social", concluye desde USO Lima San Nicolás.

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