El Justicia urge un cambio del modelo residencial tras superar el 80% de las muertes por covid en el estado de alarma

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha presentado este martes el informe sobre las residencias de personas mayores en la Comunidad durante el estado de alarma por la covid-19, después de recabar información sobre el impacto que ha tenido en 71 centros. Dolado, acompañado por Javier Hernández, Lugarteniente del Justicia, y Andrés Esteban, asesor de menores y mayores, ha reiterado la difícil situación que se ha vivido en estos espacios durante la pandemia, que superaron el 80% de los fallecimientos por coronavirus de Aragón durante el estado de alarma, y ha instado a un cambio del modelo asistencial y a que se clarifique la naturaleza jurídica de los centros covid. Al mismo tiempo, ha criticado el aislamiento de los usuarios durante los momentos más duros de la crisis sanitaria y ha reclamado una mejor retribución para los trabajadores y un adecuado presupuesto para la Ley de la Dependencia.

Para conocer el impacto de la covid durante el estado de alarma (del 14 de marzo al 30 de junio) en los usuarios de las residencias, así como la afectación a profesionales y familiares, el Justicia acordó abrir un expediente de oficio para analizar más en profundidad esta problemática. Se seleccionaron 98 residencias a las que se dirigió una carta solicitando su colaboración. Respondieron al cuestionario 71 de ellas de toda la Comunidad, 67 de mayores y cuatro, de personas con discapacidad, lo que representa el 25% de los centros públicos y privados. Se visitaron el centro covid de Miralbueno y las residencias de Biescas y Mallén.

Dolado ha indicado que este informe recoge una serie de conclusiones y propuestas "para el futuro, que ya es hoy" de un problema que afecta "principalmente a los mayores". En su intervención tuvo un recuerdo para los ancianos fallecidos por covid, que han muerto "de un modo y unas circunstancias que no hubiéramos deseado para nuestros seres queridos". Hernández añadió que el informe es el resultado de un "trabajo exhaustivo y tenso" que se aceleró por el "rebrote inesperado de la pandemia" en verano y por la existencia en las Cortes de Aragón de una comisión especial para la que, dijo, puede servir como documento de trabajo.

El Justicia de Aragón ha recibido numerosas quejas ciudadanas, con más de 100 llamadas, y tiene abiertos más de 50 expedientes y algunos corresponden a varias familias, como en un caso, que agrupa a 25 de una misma residencia, apuntó Esteban.

Entre las conclusiones que recoge el informe está que el número de personas fallecidas en residencias en Aragón ( el 80% del total) no tiene una correlación lógica con las acaecidas en domicilios particulares y exige un análisis y adopción de medidas para evitar su repetición. Además, según indicó Dolado, los centros residenciales de mayores "no han sido considerados como tales en algunos casos para la asistencia sanitaria, con casos extremos de inacción por parte los servicios de los centros de salud de referencia". El porcentaje se situaría en el 11% de los centros analizados.

Las instalaciones de algunas residencias hacen difícil o imposible la sectorialización, lo que repercute, explicaron, en "medidas más agresivas para los residentes, con aislamientos en sus habitaciones durante semanas, e incluso meses". Además, subrayaron el "déficit de protocolos adecuados para enfrentarse a situaciones de emergencia, en especial respecto al uso de EPIs, pruebas de contagio y bajas de personal", sobre todo al inicio de la pandemia. Dolado insistió en la necesidad de "reconocer y mejorar las condiciones laborales, salariales y formativas" de los profesionales. Respecto a los centros covid, señaló que en las semanas más duras de la crisis sanitaria se observó que "hubo fallecimientos, que no llegaron al hospital" a pesar, dijo el Justicia, de ser unos espacios intermedios. Por este sentido, dijo, sería necesario "clarificar su naturaleza jurídica y dependencia orgánica, protocolos de funcionamiento y acceso". Según datos de Sanidad, entre el 23 de marzo y el 17 de mayo, en estos centros covid fallecieron 98 ancianos.

Durante la presentación del informe se apuntó que es preciso "involucrar a la Administración" y apostaron por hacer "un pacto intergeneracional". Al mismo tiempo, señalaron que "no se pueden limitar los derechos fundamentales" de los residentes, respecto al confinamiento en las habitaciones, también en aquellas residencias sin casos positivos, y establecer "una ley de derechos y garantías de los mayores".