Cepyme reclama primar por ley a las empresas locales en la adjudicación de obra pública
Plantea también modificar la normativa para condicionar el pago a las contratistas a que estén al día con sus subcontratas.
La reivindicación del presidente aragonés, Javier Lambán, de una "reforma radical" de la Ley de Contratos, al considerar que favorece "a las grandes compañías con sede en Madrid", tiene el respaldo del tejido empresarial autonómico. La Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, Cepyme-Aragón, va incluso más lejos que la propuesta del Ejecutivo autonómico y reivindica que se prime en la contratación a las empresas radicadas allí donde se haga el encargo, principalmente de obra pública.
El máximo responsable de Cepyme-Aragón, Aurelio López de Hita, aseguró que las grandes empresas foráneas a las que se adjudican obras en Aragón acaban subcontratando con pequeñas empresas locales, que sufren un "gravísimo" problema de morosidad. "En momentos como este, te pueden llevar a la ruina a cualquier pequeña empresa", dijo antes de reclamar que la normativa se modifique para que se puntúe el hecho de que las empresas licitadoras estén radicadas allí donde se vaya a ejecutar el contrato.
López de Hita señaló, además, que el hecho de que las grandes contratistas se lleven las obras de mayor calado supone "una pérdida importante de dinero" para la Comunidad, dado que no repercute en su tejido empresarial.
El presidente de Cepyme-Aragón aludió así al planteamiento de Lambán, que lamentó en la reunión del pasado domingo con el presidente Sánchez que las decisiones «arbitrarias» de las grandes empresas sobre concesiones de la DGA para levantar hospitales y colegios han provocado retrasos. "De haberse hecho con empresas aragonesas estarían ya acabadas", dijo.
Lambán planteó la necesidad de ayudar a las contratistas locales para mantener los empleos, una solución que a juicio de las pymes pasa por tomar otro tipo de reforma en la Ley de Contratos. "Hace tiempo que venimos pidiendo que no se pague a las grandes adjudicatarias mientras no demuestren que, a su vez, han pagado a las subcontratistas", exigió.
Algunas empresas locales llegan a cobrar a 200 días y que las convierte en "financiadoras" de las grandes contratistas, lo que indigna a Aurelio López de Hita. "Esta es la gran batalla de las pequeñas empresas, la morosidad de las grandes, porque tienen que morir al palo y no tienen defensa posible", lamentó.
Autonomía insuficiente
El secretario de la Agrupación de Contratistas Aragoneses, el abogado Enrique Sancho, lamentó que el grado de autonomía es "insuficiente" y evidenció que son las empresas locales las que acaban haciendo las obras adjudicadas a una nacional. "Estos vicios siguen sin ser resueltos y efectivamente exigen reformas serias de la legislación vigente", opinó.
Sancho también demandó que el sector requiere un respaldo ante el parón sufrido como consecuencia de la pandemia, en la línea de lo expuesto por el presidente. "Ayudaría una revisión del calendario de pagos por la Administración, de modo que se anticiparan para cubrir gastos, así como agilizar los plazos de adjudicación y demás trámites de los que dependen el inicio o la continuidad de la obras", expuso.
