Covid-19
Zaragoza y varios municipios mantienen los test rápidos pese a los reparos de la DGA
Cuatro ayuntamientos de Teruel inician las pruebas y la capital las amplía al albergue. El Ejecutivo dice que la iniciativa debe ser autonómica.
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La tensión entre algunos ayuntamientos y el Gobierno de Aragón a propósito de los test rápidos para detectar contagiados por coronavirus va a más. El Ejecutivo autonómico desaconsejó a los municipios hacer estas pruebas, que deben quedar bajo la «iniciativa» de Salud Pública y gestionarse por profesionales sanitarios cualificados. Mientras, tanto en la capital, que ha comprado 1.000 test, como en cuatro municipios de Teruel la intención es seguir haciéndolos.
Según el Ejecutivo, ninguno de estos ayuntamientos ha solicitado autorización, aunque no les prohibió expresamente que hicieran los análisis. Los municipios, por su parte, se quejan de la dificultades que encuentran para acceder a las pruebas.
El presidente de Aragón, Javier Lambán, ya hizo un llamamiento el domingo para que los entes locales dejaran de hacer estos tests y les restó validez. Lo hacía después de que se enviara una circular en la que se subrayaba que este tipo de pruebas "responden a criterios establecidos y consensuados a nivel nacional y deben ser indicados por un profesional sanitario". Recordaba la instrucción que el Servicio Aragonés de Salud era el responsable de los test en la Comunidad.
La DGA restringía el papel de los municipios a sus competencias en materia de salud (abastecimiento de agua, limpieza o recogida de residuos) y aseguraba que el personal esencial tiene garantizadas las pruebas en función de las directrices del Ministerio de Sanidad. Fuentes del Ejecutivo recordaron que en el Hospital Militar se hacen los test para el personal esencial, como policías y bomberos, según los protocolos establecidos por el Gobierno central.
Tanto la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, como la de Sanidad, Pilar Ventura, se refirieron este lunes a este asunto. La primera afirmó que "es la autoridad sanitaria quien tiene que validar todos estos procesos". "Esto no es un juego, es serio, y pido a los ayuntamientos que se rijan por la autoridades sanitarias", dijo.
Ventura recalcó que los test rápidos son solo "un complemento" y que únicamente si los practican profesionales sanitarios se podrá reconocer la validez de la prueba. A su entender, los adquiridos por particulares o ayuntamientos "no pueden aportar al sistema sanitario, sino por el contrario, ponerlo en cuestión". Sobre todo si su resultado es negativo, ya que, al medir únicamente la inmunidad del paciente, se requiere de un PCR o de un segundo test.
El Ayuntamiento de Zaragoza consideró "fundamentales" los test para asegurar servicios esenciales y recordó que no se hacen a la población en general. Hasta el lunes se habían hecho 35 pruebas a policías y bomberos, todos negativos. En caso de positivo, se avisaría al 061. Los análisis, indicaron fuentes municipales, se restringen a personal con síntomas y que no les han hecho test, trabajadores en cuarentena en contacto con un positivo o con síntomas, entre otros. También se han iniciado las pruebas a nuevos usuarios de los albergues, para evitar un foco.
En el caso de Zaragoza son médicos titulados los que hacen los análisis, que tienen una fiabilidad del 90%. "Estos test son la herramienta ante la imposibilidad de acceder a otro tipo de pruebas de diagnóstico para las que el Ayuntamiento no tiene medios y que sí hacen otras instituciones con los medios adecuados", indicaron.
"Es nuestra competencia"
Los ayuntamientos de Utrillas, Escucha, Palomar de Arroyos y Fuenferrada –los tres primeros con alcalde de Cs y el cuarto, del PP– iniciarán este martes la aplicación de 1.500 test entre grupos de riesgo. Lo hacen después de intentar que el centro de salud de Utrillas se encargara sin éxito de las pruebas, por lo que han contratado a dos ATS de Teruel. La operación, que pretende conocer la expansión de la Covid-19 entre los colectivos más expuestos, se prolongará entre una y dos semanas.
Los ayuntamientos ofrecen las pruebas a los empleados de las empresas de las cuatro localidades, entre las que destacan Espuña y las plantas de Térvalis, de los supermercados y de los comercios. El alcalde de Utrillas, Joaquín Moreno, criticó la reacción de la DGA cuestionando la utilidad de los test de los ayuntamientos. "Conocer cuál es la salud de los vecinos sí que es nuestra competencia", dijo. Los consistorios decidieron hacer la guerra por su cuenta al comprobar que la adquisición de los test era «fácil» con un precio de 10 euros por unidad y una fiabilidad del 85%.
