La Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales ha recortado 3,5 millones de euros de las prestaciones de la dependencia para poder pagar las nóminas de su plantilla. La modificación presupuestaria se adoptó el pasado mes de noviembre con el fin de cubrir la desviación de la partida de personal, fruto de la conjunción de la prórroga de las cuentas de 2018 y la subida salarial en la DGA, a la que se sumó la contratación de evaluadores interinos para reducir la lista de espera de la propia dependencia.

Fuentes oficiales del departamento han asegurado a este diario que el pasado verano ya eran conscientes de la situación y optaron por recurrir al dinero para prestaciones que ya sabían que no se iba a repartir en lo que quedaba del año. "Ya nos gustaría gastar ese dinero y más, pero por falta de más evaluadores no se podía repartir toda la cuantía económica", argumentan.

El ‘agujero’ presupuestario para el pago de las nóminas de noviembre y diciembre ascendía a más de 3,3 millones, según los cálculos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). Solo la subida salarial del 2,75% pactada con los sindicatos para 2019 suponía un déficit de 2,4 millones, al que se sumó la contratación de 14 evaluadores interinos. «La opción era echarlos o estudiar el grado de ejecución de las partidas para saber el margen del que disponíamos para pagar», explicaron.

El crédito definitivo para cubrir las prestaciones de la dependencia ascendía a 68,9 millones para el ejercicio pasado y el saldo disponible hace dos meses era de 14,6 millones, mientras las obligaciones pendientes requerían 11 millones. Es decir, existía un ‘colchón’ de 3,6 para disponer y finalmente se optó por hacer sendas modificaciones de 1 y 2,5 millones.

No obstante, las citadas fuentes oficiales remarcan que cuando el Gobierno de Lambán asumió las riendas del Pignatelli a mediados de 2015 había 29.000 personas en lista de espera y 15.000 beneficiarios de la dependencia y ahora se ha duplicado con creces el número de prestaciones, hasta las 32.000.

Las explicaciones contrastan con las críticas del grupo del PP, cuya portavoz adjunta, Marián Orós, acusa a la DGA de generar "derechos de papel" y confirmar con este recorte de la cuantía de las prestaciones el "bloqueo social de Aragón".

Orós remarca que hay más de 6.000 personas que tienen reconocida la dependencia en la Comunidad y no la cobran, por lo que la DGA podría haber agotado con creces la partida consignada en los presupuestos del año pasado. "Todas esas personas llevan más de un año de espera para que se les dé cobertura a un derecho que tienen reconocido", lamenta antes de recordar que Lambán ha dispuesto de mucho más dinero, casi 2.000 millones, para gastar.