El Gobierno de Aragón quiere poner coto al disparado gasto farmacéutico, aunque sea a tan solo dos meses de las elecciones autonómicas y se beneficie el Ejecutivo que salga de las urnas. Con este fin, el Consejo de Gobierno autorizó este martes al Salud a tramitar un acuerdo marco para la compra centralizada de medicamentos de uso hospitalario cuyo importe podrá alcanzar los 957 millones de euros para los próximos cuatro años.

El consejero de Presidencia, Vicente Guillén, indicó que la pretensión es lograr una reducción de precios derivada de la aplicación de economías de escala, aunque no se aventuró a detallar el dinero que podría llegar a ahorrarse. Según defendió, la compra centralizada permitirá “racionalizar y mejorar” la eficiencia en el aprovisionamiento de los centros y servicios sanitarios gestionados por el Salud, que el año pasado destinaron en conjunto 260 millones de euros a medicamentos. Mientras, el gasto en recetas alcanzó los 341 millones, aunque la compra centralizada solo se aplicará a los once hospitales públicos repartidos por el territorio.

Vicente Guillén explicó que la medida afectará a la compra de fármacos de uso hospitalario y sujetos a patente, no a los genéricos, que hasta ahora se siguen adquiriendo de manera directa a las farmacéuticas que los comercializan en régimen de exclusividad.

Fuentes oficiales de Sanidad admitieron que estos fármacos son exclusivos de los laboratorios, por lo que no cabe la competencia a la hora de adquirirlos. Por ello, se aspira a lograr un descuento.

Los planes pasan por centralizar su adquisición en 36 lotes, estableciendo precios unitarios por cada producto en los contratos, que serán por dos años prorrogables por otros tantos. “De este modo, los licitadores no podrán superar las cuantías”, señalaron.

Un ahorro estimado en el 5%

La medida da cumplimiento a las conclusiones de un duro informe del año pasado de la Cámara de Cuentas sobre la gestión del Salud, que censuró la adjudicación directa y sin contrato de la práctica totalidad de los suministros de farmacia hospitalaria de 2016, que supusieron un desembolso de 196 millones sobre un total de 205.

Uno de los aspectos concretos que criticó el órgano fiscalizador fue precisamente la compra de medicamentos por cada hospital, ya que entendía que se hubiera podido ahorrar un 5% de haber optado por la contratación centralizada. Por ello, recomendó potenciar su implantación con el fin de reducir costes, como va a hacer el Salud un año después. Además, abogó por establecer controles para que se refleje el precio real.

Guillén indicó que con la compra centralizada se dará cumplimiento a la nueva ley de contratos de las administraciones públicas. La Cámara de Cuentas criticó que en el Salud se prescindiera “total y absolutamente” de los procedimientos de licitación exigidos por la normativa vigente.