La vía de apremio iniciada por el Gobierno de Aragón para reclamar los miles de recibos impagados del polémico Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) podría ser paralizada por la vía contencioso-administrativa. El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, insiste en que el modo en que se respondieron los alrededor de 50.000 recursos presentados en Zaragoza –a través del Boletín Oficial de Aragón (BOA) y no de uno en uno “conforme a la norma”– hace que el proceso no se ajuste al “ideal jurídico”.

Fuentes del Justiciazgo confirman que, con esta premisa, las demandas que pudieran presentarse por la vía contencioso-administrativa “podrían tener visos de prosperar”. Se trata de una posibilidad que ya estudian los abogados de la Red de Agua Pública de Aragón (RAPA). “Estamos ante una situación de indefensión jurídica absoluta”, afirma Enrique Gracia, portavoz del colectivo.

En su opinión, la contestación conjunta a través del BOA “no tiene precedentes”. “Es una acción que, legalmente, tiene puntos oscuros”, señala. La RAPA esperará a que el Instituto Aragonés del Agua (IAA) responda a un recurso interpuesto tras denegar las 50.000 quejas y, en caso de que lo rechace o de que opte por el silencio administrativo, recurrirá a la vía contencioso-administrativa.

Fuentes de la Consejería de Desarrollo Rural y Sostenibilidad insisten en que el Gobierno de Aragón “procedió a la notificación conjunta para ahorrar costes a la Administración y al conjunto de la ciudadanía atendiendo a los criterios de los servicios jurídicos por los que se rige la vía administrativa”. Esta fórmula habría obligado al Ejecutivo autonómico a pagar más de 300.000 euros, ya que, según argumentó en su escrito al Justicia, a los cinco euros que habría costado cada carta certificada habría que haber sumado sobres, gastos de impresión...

También defendió que los recursos iban dirigidos fundamentalmente contra la configuración legal del tributo y no contra su aplicación, así como que no se referían a deficiencias en la liquidación individual, sino a la propia existencia del ICA. El Justicia, en cambio, entiende que “el Derecho está para cumplirlo” y que los motivos económicos o de igualdad de contenidos de los recursos no amparan una excepción al deber de notificar los actos administrativos. “Los acuses de recibo son  muy costosos desde el punto de vista económico, pero si las notificaciones no responden al ideal jurídico ‘stricto sensu’ puede haber rechazos y oposiciones en la vía de apremio”, aseguró recientemente Dolado al presentar su balance de 2018 en las Cortes de Aragón.

Entonces, abogó por “replantear” la vía ejecutiva. El Justicia recordó que ya en julio emitió una sugerencia “claramente jurídica”, la que acompaña a esta información, en la que advertía de la “ineficacia” de la publicación en el BOA e instaba a notificar personalmente a cada recurrente.

Fuentes del Justiciazgo no descartan emitir una nueva sugerencia centrada en las “complicaciones” que puedan surgir en la vía de apremio. Para eso, no obstante, será necesario que la RAPA u otro colectivo crítico con el proceso presente una nueva queja.

El dictamen, esta semana

El dictamen de la comisión que estudió en las Cortes la aplicación de este impuesto en Aragón se votará este jueves en pleno. La intención es alcanzar el máximo consenso y sentar las bases de la reforma del ICA. Aunque no ha trascendido su contenido, se espera lograr un mayor acuerdo que con el polémico dictamen sobre depuración. El objetivo: hacer del ICA un impuesto progresivo e introducir nuevas bonificaciones para colectivos desfavorecidos.

En todo caso, el presidente de Aragón, Javier Lambán, reiteró el viernes que los cambios no se votarán esta legislatura. “Teníamos un acuerdo con Podemos para perfeccionar el actual impuesto, pero desde instituciones que no son las Cortes ni el Gobierno de Aragón se imposibilitó la posibilidad de que se hiciera realidad. Otro año será”, aseveró.