El presidente de Aragón, Javier Lambán, abogó este jueves por "no desechar" ninguna medida para "defender la Constitución y la unidad de España" incluida la ilegalización de los partidos independentistas, según indicó primero en una entrevista en la Cadena Cope y más tarde en una comparecencia en Zaragoza. Comparte, con ello, la opinión de otro de los barones socialistas díscolos, el castellanomanchego Emiliano García-Page, para disgusto del Gobierno de Pedro Sánchez, que se desvinculó de estas "reflexiones". No fue el único choque con el Gobierno. El portavoz socialista en las Cortes, Javier Sada, arremetió contra la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por sus declaraciones "irresponsables" sobre la caza, una actividad que reporta a la Comunidad 260 millones de euros al año. 

El secretario general del PSOE-Aragón, que el martes instó al Estado a asumir todas las competencias en materia de orden público en Cataluña si los CDR (Comités en Defensa de la República) volvían a cortar autopistas, dio ayer un paso más al indicar que "con el independentismo no habría que descartar absolutamente nada". Incluida la ilegalización de los partidos que lo alientan pues, aunque está regulada por ley, hay un precedente con fuerzas políticas del País Vasco y "en un momento dado se podría aplicar perfectamente en Cataluña".

Las posturas de Sánchez y Lambán sobre el desafío catalán están muy alejadas. Mientras el presidente del Gobierno aún aboga por el diálogo, el aragonés cree que "con el independentismo no cabe la negociación y hay que combatirlo por la vía política, de la ley, de la verdad y de la cultura".

El Gobierno de Sánchez, a través de la portavoz Isabel Celaá, trató de marcar distancias ayer con Lambán y Page en sus "reflexiones" sobre la ilegalización de los partidos independentistas. Pero no son dos opiniones residuales dentro del partido. En el grupo parlamentario socialista, la comparten algunos "extremeños, cántabros y andaluces", según explicó el diputado aragonés Óscar Galeano, que se mostró convencido de que "no se puede transmitir un mensaje de permisividad, sobre todo, si hubiera una ruptura de la legalidad". Porque hay mucha preocupación por lo que pueda suceder la próxima semana en Cataluña, con la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona y el inicio del juicio del ‘procés’.

También influyen los pésimos resultados electorales del PSOE en Andalucía, donde el partido ha pasado de 47 a 33 escaños y todo apunta a que perderá la Junta que gobierna desde hace 36 años.

Los barones socialistas "no andan revueltos", según dice Lambán, pero sí están preocupados. Hay socialistas que culpan a la relación de Sánchez con los independentistas del mal resultado, y se preguntan cómo les afectará a ellos en las autonómicas de 2019.

Aragón mantiene, además, una tensa relación con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que nada más llegar firmó el acta de defunción de la térmica de Andorra, una central de la que dependen 4.000 empleos y que ni siquiera ha llegado a visitar.

Y solo faltaba que Ribera reconociera, en una entrevista, que prohibiría la caza. El portavoz del PSOE en las Cortes, Javier Sada, cargó el jueves con dureza contra ella: "Las opiniones personales las puede hacer en su casa pero, desde luego, nunca jamás en una entrevista porque ahí habla como ministra de un Gobierno socialista". El PSOE aragonés transmitió su malestar a nivel público y directamente por unas declaraciones que considera "irresponsables" pues "no es de recibo que un ministra vierta con tanta ligereza sus opiniones personales".

Para compensarlo, los socialistas aragoneses presentarán en el próximo pleno de las Cortes una iniciativa en apoyo a la caza, a la pesca y a los aficionados que, según Sada, están "demonizados".