El Gobierno de Aragón podrá expropiar inmuebles inmuebles desocupados de forma permanente e injustificada por parte de bancos, sociedades inmobiliarias y propietarios de más de 15 viviendas. Así lo recoge el proyecto de Ley de Vivienda aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, que la establece como última sanción tras el incumplimiento reiterado por parte de grandes tenedores de inmuebles y la imposición de hasta doce multas económicas. La propia norma apunta que hay más de 100.000 viviendas vacías en Aragón y que, por tanto, incumplen la función social de la vivienda, que no es otra que destinarse al uso residencial durante al menos seis meses consecutivos en un ejercicio.

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha subrayado que el debate sobre la expropiación está "superado" porque está "avalada" por el Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre las leyes de Navarra y del País Vasco. "Hay doctrina constitucional y llamo a la calma porque solo se recurrirá como última solución", ha dicho antes de tildar de "indecente" que haya pisos vacíos cuando hay tantas necesidades de un techo digno.

Soro se ha mostrado convencido de que el proyecto de ley, y concretamente la amenaza de expropiación, va a "facilitar" que se cierren convenios con los bancos para que cedan sus viviendas vacías tras los fallidos intentos de esta legislatura.

Hasta 26 bancos y cajas, además de sus sociedades inmobiliarias y la Sareb, comunicaron a mediados del año pasado a la DGA que disponían de 3.122 viviendas vacías en Aragón. Sin embargo, no se ha firmado hasta ahora ningún convenio para que las aporten a la bolsa de alquiler.

En el proyecto de ley se detalla no solo el caso de los inmuebles vacíos, sino aquellos que no se conserven y pongan en riesgo la seguridad, los que estén sobreocupados y la VPO que no se dedique a residencia habitual y permanente. Igualmente afectará a las entidades que tampoco ocupen las viviendas tras una dación en pago, un procedimiento de ejecución hipotecaria o un desahucio por impago de alquiler.

La ley también especifica las causas justificadas para que estén vacías, como que estén inmersas en un litigio o sean inhabitables.

El incumplimiento, tipificado como sanción grave, se castigará con una multa de entre 1.501 y 15.000 euros. Solo en el caso de que los pisos sigan desocupados sin justificación, se llegará a la expropiación-sanción y se fijará un justiprecio.

El consejero ha destacado como uno de los principales avances de la norma, que confía en que se apruebe en esta legislatura pese a la acumulación de normas pendientes en las Cortes, el derecho de cualquier residente en Aragón a exigir a la Administración un piso de alquiler o una prestación que le permita el acceso, además de garantizar que nadie pierda el suyo si sufre una situación de vulnerabilidad.

El proyecto de ley convertirá la vivienda en un derecho subjetivo como lo es el voto o la libertad de expresión, lo que beneficiará, de entrada, a más de 7.500 unidades familiares que en la actualidad cobran menos de 14.910 euros anuales y tienen dificultades para mantener un techo.

Otra de las novedades del texto afecta a la vivienda protegida, ya que se recuperará el control público de todas las adjudicaciones, así como de las transmisiones de las ya existentes, a través de un registro que se pretende crear. Además, se volverá al sistema de sorteo para garantizar "igualdad" en el acceso.

Soro ha apuntado que la norma también prohíbe las descalificaciones de las VPO que se construyan a partir de la entrada en vigor de la ley. "Nadie podrá hacer negocio", ha resaltado.