El cierre de la central de Andorra pondría en peligro 4.000 empleos en nueve municipios

El cierre de la central térmica de Andorra supondría el despido de más de 580 personas cuyo trabajo depende directamente de su actividad. Una cifra que se ampliaría a más de 4.000, según barajan los sindicatos, teniendo en cuenta los puestos indirectos que se mantienen en los 9 pueblos de la zona gracias a su funcionamiento. Endesa debe invertir 190 millones para adecuarse a la normativa y seguir funcionando, una inversión de la que no hay pronunciamientos a día de hoy. De no hacerlo, incidiría negativamente en el mantenimiento de la instalación, que podría cerrar sus puertas en 2020, una medida que traería consigo la aceleración de la despoblación que desde hace años está asfixiando a la provincia de Teruel.

Hace casi una década la incertidumbre se instaló en el sector, especialmente tras el cierre de minas. Solo una resiste en Ariño donde Samca mantiene a 80 empleados directos y a otros tantos de subcontratas. En este caso, el compromiso de la empresa es el de recolocar a sus empleados en otras explotaciones como la de arcilla o la planta de fertilizantes. "Hay 80 familias de las subcontratas que perderían el trabajo, gente de Ariño y de otras poblaciones, y nos preocupa", dijo el alcalde de esta localidad, Joaquín Noé.

El reciente nombramiento de Teresa Ribera como ministra de Transición Ecológica no ha ayudado a aliviar esta incertidumbre, más bien lo contrario. Las declaraciones del viernes en las que apostó por acelerar la descarbonización, acentúan el marcado perfil ecologista con el que llegó al cargo.

En la comarca minera, su llegada se recibe con "cautela" pero el cierre está en el horizonte, y en Andorra, repercutiría, además, en las arcas municipales que dejarían de recibir más de dos millones de euros anuales entre el impuesto de actividades económicas y el de bienes especiales. Esta cuantía  permite a la localidad (la tercera en población de la provincia turolense con 7.800 habitantes) mantener los servicios públicos y una plantilla municipal de unos 180 trabajadores. "Si no se ha traído ninguna empresa que pueda diversificar el monopolio del carbón, tenemos un grave problema", dijo la alcaldesa de Andorra, Sofía Ciércoles.

La reindustrialización no ha llegado y la posible clausura de la central hace trabajar contra reloj para buscar una alternativa. El presidente de la Asociación Empresarial Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín, Roberto Miguel, considera que la única manera de trabajar en este ajustado año y medio en una solución es desde la unidad, tanto de los políticos, como de los empresarios y agentes sociales. Ve en el cambio de gobierno una oportunidad, ya que ahora la Comarca de Andorra y los gobiernos aragonés y central son del mismo color político. "No debería haber excusas para ir todos juntos y progresar en proyectos que están a mitad como la elevación de aguas del Ebro, algo esencial para que haya un futuro empresarial", dijo.

Hace tres años, en la asociación había 92 empresas, pasaron a 108 y actualmente hay unas 88. Más allá de la central, solo hay una que emplea a más de un centenar de personas. Para el empresario, una reconversión no significa necesariamente subvención pero sí "bonificaciones que hagan el medio rural atractivo".

Si la situación no ayuda a que aquellos que quieren volver puedan hacerlo para emprender, la incertidumbre no ayuda a que los jóvenes vean su territorio como una opción de futuro. El IES Pablo Serrano recibe a estudiantes de toda la comarca y también de Alcorisa que cursan Secundaria y Bachiller, y FP para resto de comarcas. Este año hubo 650 matrículas en un centro que hace siete años estaba en unas 800 y que, incluso, ha llegado a superar el millar. "El descenso de estudiantes conlleva el de profesores. Se vive con preocupación y desilusión porque esta situación ha ido poco a poco pero en los dos últimos años ha sido muy acentuado", explicó la directora, Milagros Mateo. Al igual que en el sector empresarial, destaca la necesidad de poner facilidades para el medio rural, como por ejemplo, el acceso a una vivienda.

El cierre de las primeras minas ya provocó la salida de muchas familias. El IES colabora con el Centro de Estudios Locales de Andorra en cuestiones, como la despoblación. Según sus datos, desde 2012 los centros educativos de Andorra han descendido en 56 alumnos. "Lo mismo pasa con la sanidad y el resto de servicios: repercute en toda la sociedad", concluyeron.