El consejero de Presidencia ha acusado al Gobierno de España de deslealtad institucional por enterarse a través de los medios de comunicación de que el Estado ha solicitado que se reúna la subcomisión de resolución Ejecutivo central/DGA para poder discutir aquellos asuntos sobre los que existen "reticencias"antes de llegar al Tribunal Constitucional. Vicente Guillén ha asegurado que pretende desestabilizar la política aragonesa intentando crear un conflicto entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA. A siete días de que las cuentas del Ejecutivo de Javier Lambán reciban el visto bueno en las Cortes, el consejero se ha esmerado en asegurar que no existe ningún conflicto porque, entre otras razones, necesitan los votos de Podemos. Pero es evidente que el PSOE y CHA tienen que lidiar con una incoherencia: la Ley de Capitalidad fue aprobada el 30 de noviembre de 2017 con los votos de la izquierda en Aragón (PSOE, Podemos, CHA e IU), pero ahora son el PSOE y CHA los primeros en denunciar en el Ayuntamiento la ‘alcaldada’ de Pedro Santisteve que, valiéndose de esa norma, ha acaparado todo el poder en las cuatro sociedades municipales. Está claro que los tiempos políticos son muy diferentes en el Pignatelli y en la plaza del Pilar. No obstante, eso no legitima a la DGA para acusar al Gobierno de Rajoy de deslealtad precisamente en ese asunto.