El Ayuntamiento de Zaragoza no enviará al Gobierno de Aragón los consumos de agua necesarios para cobrar el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) a colegios y centros deportivos municipales. Tampoco las lecturas del Centro de Historias o el Teatro Principal. Solo remitirá, según explicaron ayer fuentes del área de Economía, los datos de aquellos edificios y equipamientos en los que el consumo corresponda exclusivamente al Consistorio.

Se trata de una decisión que afecta "a todos los espacios en los que exista un uso externalizado". Atañe, por ejemplo, a aquellas instalaciones en las que haya un bar o un restaurante, algo que ocurre en las piscinas municipales. Zaragoza en Común (ZEC), que se ha mostrado abiertamente en contra del ICA y ha exigido en reiteradas ocasiones su supresión, pretende que sea el Instituto Aragonés del Agua quien aclare si estos recibos, correspondientes al año 2016, han de ser abonados por el Ayuntamiento o por el adjudicatario.

Responde así al requerimiento remitido por el Gobierno de Aragón hace justo un mes. En él, el Ejecutivo autonómico instaba al equipo de gobierno a enviar en el plazo de 30 días las lecturas de sus edificios, datos que tendría que haber adjuntado en mayo de 2017 junto al padrón municipal.

El Ayuntamiento, según informaron en enero fuentes de ZEC, tendría que pagar 85.000 euros. Aunque la concejala de Medio Ambiente, Teresa Artigas, aseguró entonces que el gobierno remitiría los datos y abonaría el importe correspondiente, el Consistorio dice ahora que solo enviará aquellos en los que no haya lugar a duda, como el del Edificio Seminario o el de su sede principal, en la plaza del Pilar.

La intención es que sea el Gobierno de Aragón quien explique cómo actuar en cada caso. El Ayuntamiento basa su postura en que, en estas instalaciones, el consumo de agua "no atañe estrictamente a la actividad municipal", sino que se comparte con otras. De fallar a su favor, el Consistorio se ahorraría miles de euros de ICA, aunque, por el momento, no se ha cerrado el número de edificios que quedarían fuera. Ya ha adelantado, pese a todo, que recurrirá sus recibos.

Su decisión enreda, más si cabe, la polémica del ICA, marcada por el continuo cruce de declaraciones entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, que alcanzó su punto álgido por la presencia del alcalde, Pedro Santisteve, en la manifestación de la Red de Agua Pública de Aragón (la consejera de Educación, Mayte Pérez, calificó de "irresponsable" la actitud del regidor y este tachó de injusto el tributo).

Hace, además, que los plazos se dilaten, ya que, en el caso de los consumos particulares, el periodo voluntario de pago ya ha expirado (ayer terminó el de la zona 1, que engloba el Casco Histórico, La Almozara y la margen izquierda).

A vueltas con la Bilateral

ZEC insiste en la necesidad de convocar la Comisión Bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, órgano en el que espera "hablar de todo". El Ejecutivo autonómico, no obstante, recuerda que, fruto del acuerdo presupuestario con Podemos, se ha creado una mesa técnica a la que están invitados, así como que el Consistorio ha rechazado participar en las dos reuniones que ya se han celebrado (la tercera será mañana).

El propio consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, reconoció en una entrevista concedida a HERALDO que el Ayuntamiento de Zaragoza no lo estaba poniendo fácil, ya que ha habido dificultades para que entregara sus datos y los de los zaragozanos. Fuentes del Gobierno de Aragón aseguraron que la Bilateral, contemplada en la ley de capitalidad, se convocará cuando corresponda. El encuentro, en todo caso, sigue sin fecha.

La RAPA eleva la protesta

La polémica sobre el Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) está ya en manos de la Junta de Reclamaciones Económico-Administrativas del Gobierno de Aragón. La Red de Agua Pública (RAPA) presentó ayer 28 escritos, uno por cada distrito y barrio rural de Zaragoza, ante el "silencio administrativo" del Ejecutivo. Es, según recuerdan sus integrantes, el paso previo a los tribunales.

Aunque el presidente de Aragón, Javier Lambán, aseguró que el Ejecutivo daría respuesta a los recursos, la RAPA recuerda que los primeros se presentaron hace ya más de un mes, de ahí que los dé por no contestados. "No tenemos ninguna duda: la Junta de Reclamaciones nos dará la razón", aseguró José Ángel Oliván, integrante de la Red de Agua Pública. El también secretario general de la Unión de Consumidores de Aragón (UCA) recordó que este órgano tiene "hasta un año para pronunciarse". "Creemos que es preferible que el Gobierno resuelva el problema antes de que se encuentre con resoluciones jurídicas que le obliguen a devolver el dinero", dijo.

En su opinión, utilizar la política "de la patada para adelante" sería "absolutamente irresponsable". Oliván aseguró, por otra parte, que la mesa técnica "no está avanzando absolutamente nada". Aludió, asimismo, a las dificultades que está encontrando el Gobierno de Aragón para reclamar el ICA a quienes han decidido no pagarlo. "El coste podría superar los 300.000 euros, ya que tendrían que enviar cartas con acuse de recibo. A esto hay que sumar la situación de Correos, que podría no tener medios para asumir este encargo", subrayó.

Trabajo "a destajo"

El colectivo esperará a que la Junta se pronuncie antes de elevar la polémica a los tribunales. Pese a las críticas a la mesa técnica, su presidenta, Maribel Torrecilla, confía en que las partes puedan llegar a un acuerdo en marzo, mes en que vence el plazo fijado en el pacto presupuestario suscrito entre el Ejecutivo PSOE-CHA y Podemos. Las posturas, no obstante, siguen enfrentadas, ya que la RAPA reclama la sustitución del ICA por una tasa y un tributo "compensador".