Esco e Iglesias justifican su patrimonio ante la juez que busca 15 millones de Plaza
Los condenados del caso Naves insisten en que no se desvió dinero de las obras.
Mientras esperan saber si el Tribunal Supremo confirma o no la condena de cuatro años de cárcel por malversación que les impuso la Audiencia Provincial de Zaragoza por el llamado caso Naves, el exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco y el empresario Agapito Iglesias volvieron a pasar ayer por los juzgados. La razón fue declarar sobre el destino del dinero de más (entre 15 y 17,8 millones, según el juez instructor) que costaron las 119 naves que Iglesias levantó en Plaza.
Sin embargo, los dos investigados no solo negaron haberse quedado o repartido ese dinero con el exgerente Ricardo García Becerril y con el ex director técnico Miguel Ángel Pérez Cervantes, sino que se agarraron a los argumentos de la propia sentencia condenatoria. El tribunal de la Sección Sexta admitió en su fallo que aunque las obras se presupuestaron en 2005 en 14,5 millones de euros "pudieron" llegar a costar realmente 32,4, cantidad que acabó abonando Plaza. Por lo tanto, nunca se podrían haber repartido ese dinero.
La Audiencia les condenó finalmente porque entendió que la sociedad pública "nunca" debió hacerse cargo de los 8,7 millones de sobreprecio que reclamó Agapito Iglesias y que recibió de Plaza gracias al consentimiento de Esco y García Becerril. Según dijo el tribunal, de esa cantidad no se tenía que haber hecho cargo Plaza sino la empresa Autocity, mercantil que compró todas las naves. Los dos, junto al ex director técnico de Plaza, Miguel Ángel Pérez Cervantes, y el exgerente Ricardo García Becerril, fueron incriminados en su día por el magistrado Francisco Picazo por haberse "repartido" esa cantidad, que correspondería al supuesto sobrecoste en la construcción de las naves.
Sin embargo, tras intentar sin éxito que la Agencia Tributaria investigara los patrimonios de los encausados y averiguar el destino de ese dinero, prescindió de la prueba al entender que era obvio que no iba a encontrar en sus cuentas corrientes el capital supuestamente defraudado.
El caso lo instruyó en una pieza separada el Juzgado de Instrucción 2, a cargo ahora de la magistrada Soledad Alejandre, y ha estado durante más de un año bajo secreto para proteger el éxito de las pesquisas.
Carlos Esco, acompañado de su abogado, Juan Monclús, justificó ante la juez su patrimonio y aportó el mismo informe del inspector de Hacienda Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer (director de la Agencia Tributaria con el Gobierno de Aznar entre 1998-2001) que presentó ante el jurado popular que lo declaró no culpable en el caso del Kartódromo. En su extenso estudio de las cuentas de Esco, el perito concluyó que todos sus gastos estaban justificados, ya que tanto él como su mujer, la ex secretaria de Estado Eva Almunia, cobraban 200.000 anuales de media por sus respectivos trabajos, a lo que había que añadir herencias familiares.
Por su parte, Agapito Iglesias explicó a la juez que cobró los cheques por los 8,2 millones porque era la cantidad que le debía Plaza por las naves levantadas y los extras y acabados que exigió Autocity. Cuando la Policía siguió el rastro de los cuatro pagarés por importe de esos 8,2 millones, la Policía llegó a la conclusión de que se fragmentaron y distribuyeron por distintas empresas y sociedades del expropietario del Real Zaragoza y no pudieron concretar su destino final.
La causa está pendiente de la declaración de Pérez Cervantes, que se producirá en septiembre.
