Es una de las consecuencias de la reciente creación del registro de delincuentes sexuales en España, impulsado por el Gobierno central acorde con la normativa europea. A partir de ahora, todo aquella persona que trabaje con menores deberá presentar un certificado que acredite que no está incluido en este listado, que incorpora los datos de las personas con una sentencia firme condenatoria por algún delito sexual.

Como tal se entienden la agresión o abuso sexual, acoso, prostitución, maltrato, exhibicionismo y corrupción de menores, entre otros. Para llevar a cabo todo este proceso de certificación, Madrid ha delegado en las comunidades autónomas, y la DGA ya tiene perfilada su estrategia.

Los afectados -principalmente profesores, pero también monitores, entrenadores, personal de cocina, etc.-, podrán solicitar su certificado personalmente, o delegar esta obligación en el Departamento de Educación, según informan fuentes del Gobierno de Aragón.

Tras conversaciones con los sindicatos, se ha considerado oportuno facilitar el trámite a los miles de trabajadores implicados, por lo que, si así lo solicitan, será la DGA la que se ponga en contacto con la gerencia territorial de Justicia para recabar esta información personal. A su vez, apuntan que en las nuevas incorporaciones, se recordará en su contrato la necesidad de presentar esta acreditación.

Más de 400 aragoneses registrados

Según las estadísticas oficiales, el registro de delincuentes sexuales nace con más de 400 aragoneses incluidos. Son los condenados con sentencia firme por este tipo de delitos en los últimos años en la Comunidad. El objetivo de esta herramienta, en palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, es “evitar que una persona que tenga una condena de estas características pueda dedicarse a labores docentes, de voluntariado o a otras actividades en que estén en contacto con menores".

Su contenido no es público y solo podrán consultarlo jueces y tribunales, Fiscalía, Policía Judicial, entidades públicas de protección de menores y autoridades policiales de otros países. Además, queda constancia de la identidad de quien accede al registro y de los datos que ha consultado.