El expropietario del Real Zaragoza Agapito Iglesias ha afirmado hoy en el juicio, en el que se investiga una presunta malversación millonaria en la construcción de unas naves en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), que todo lo facturado por su empresa se corresponde con obras ejecutadas.

El también presidente de la constructora Codesport, sociedad que ejecutó dichas naves, ha achacado el incremento del precio al retraso en los trabajos, durante el juicio que se celebra desde hoy en la Audiencia Provincial de Zaragoza, en el que también comparecen como acusados, entre otros, el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó.

Se investiga una presunta malversación millonaria en la construcción de unas naves en esta plataforma, cifrada en casi 18 millones de euros.

Iglesias ha dicho que el retraso en las obras es achacable a los añadidos introducidos por Autocity, empresa que compró el proyecto, y que en su opinión causaron que las obras se prolongaran durante 40 meses en lugar de los 10 estipulados en un principio en el contrato entre Codesport y Plaza.

El empresario, quien antes de entrar a la sala declaró sentirse "tranquilo" y confiado en la Justicia, ha explicado que si cobró 32 millones de euros frente a los 22,8 presupuestados por la plataforma logística tras la incorporación de Autociy y frente a los 14 previstos en el primer contrato no es por un incremento en el precio por metro cuadrado, sino por la indemnización pertinente a raíz de la revisión de precios en gastos generales.

"Como comprenderá no cuesta lo mismo el hormigón en el año 2008 que en el año 2005", ha justificado.

Asimismo, ha insistido en que es "completamente falso" que se haya "repartido" nada con el resto de acusados en la causa y que su empresa haya redactado ningún pliego y ha cifrado el coste que supuso la operación para Codesport en 29 millones de euros.

En el juicio también han declarado el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril; el exviceconsejero de Obras Públicas durante la etapa de Marcelino Iglesias al frente del Gobierno de Aragón, Carlos Escó, quien ostentó el cargo de consejero delegado de Plaza entre 2003 y 2010, y de Miguel Ángel Pérez Cervantes, exdirector técnico de la plataforma logística.

La acusación pide para ellos entre 12 y 15 años de prisión por estafa, falsedad y delitos continuados de malversación de caudales públicos y administración desleal.

Así, Escó ha justificado el sobrecoste en la construcción de las naves de Codesport en Plaza, por la modificación del contrato con la empresa Autocity.

En su declaración ante la Sección VI de la Audiencia Provincial de Zaragoza, ha recordado que la decisión de modificar el contrato original con Codesport fue adoptada por unanimidad por el Consejo de Administración y que ningún informe jurídico "ni interno ni externo" advirtió de la necesidad de elaborar un nuevo contrato.

Ha asegurado no haber intervenido en el momento de inclusión de dichas modificaciones al entender que hubiera sido una "intromisión" por su parte por no contar con la necesaria "formación técnica ni jurídica" para ello.

Ha recordado que, además de los gastos, con la operación también se aumentaron los ingresos de la sociedad pública, hasta los 39 millones, con un beneficio total de unos 13 millones de euros.

Por último, ha recalcado que no se reunió con Agapito Iglesias "ni para esta obra ni para ninguna".