Esco y García Becerril serán juzgados en el caso 'karting' por un jurado popular

Un jurado popular juzgará al exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Esco, al exgerente de Plaza Ricardo García Becerril y al empresario Santiago Becerril por los delitos de malversación y cohecho que, a juicio de la Fiscalía, cometieron al repartirse supuestamente los dos cargos públicos una comisión de 661.110 euros, pactada con el dueño del antiguo ‘kárting’ de Plaza por comprarle los suelos al triple de su valor de mercado. Esta es la decisión que ha adoptado el Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, que dirige dos de las cuatro investigaciones penales que permanecen abiertas sobre la plataforma logística.

En su último auto, el juez José Ignacio Martínez considera que "existen indicios" para imputar a los dos exaltos cargos del Gobierno de Marcelino Iglesias y al citado empresario como cooperador necesario en la venta del cartódromo "por un precio muy superior al de mercado, distrayendo dinero público de la sociedad pública". Es más, destaca que el propio vendedor de los terrenos ratificó en el juzgado lo declarado previamente ante la Policía: el desembolso de una comisión de 661.110 euros, efectuado en tres entregas a García Becerril en la cafetería del hotel Reino de Aragón entre los veranos de 2004 y 2005. Y apostilla que dichos pagos se "corroboran"con las extracciones bancarias que hizo el empresario.

Al considerar que la denuncia de la Fiscalía tiene "verosimilitud"y que los delitos que se imputan son competencia de un tribunal del jurado, el juez trasladó su decisión a las partes el pasado viernes, citándoles a una vista que se celebrará esta misma semana, tal y como establece la ley.

En el auto también se recoge la tasación judicial, que valora el ‘karting’ en tan solo 2,3 millones de euros, un tercio de lo que llegó a pagar la sociedad pública en el año 2004. Esta cuantificación se centró únicamente en la finca, sin entrar a evaluar la compesanción por el cese del negocio del circuito del que vivían sus dueños ni las expectativas de estar situado junto al futuro centro comercial Plaza Imperial.

El hecho de que el empresario ratificara su autoinculpación dio aún más peso a su declaración judicial, en la que incluso dio más detalles de los aportados a la Policía. Así, especificó que las tres entregas de dinero, que supuestamente se repartían después García Becerril y Esco, se hicieron "en billetes de 500 euros"y añadió que en ninguna de las ocasiones el exgerente de Plaza comprobó el dinero. La comisión supone un 10% de la operación.

Tanto el exdirectivo de la plataforma logística como el exviceconsejero de Obras Públicas negaron tajamente la mordida. Ricardo García Becerril llegó a declarar que quien decidió comprar los terrenos fue el expresidente de Plaza y exconsejero de Obras Públicas, el socialista Javier Velasco, al que ni siquiera el juez ha citado a declarar con posterioridad.

Por su parte, Carlos Esco subrayó que no llegó a intervenir en esta operación, de cuyas negociaciones ni estaba al tanto. "No intervine ni nadie puede mostrar un solo correo electrónico que demuestre que tuve información detallada", dijo tras negar que se repartiera la supuesta comisión, manifestando que la relación con el exgerente de Plaza "no era buena y menos para tener compadreo".