El final de los alquileres de renta antigua golpea al pequeño comercio tradicional
El 1 de enero se acabó una moratoria de 20 años que beneficiaba a más de 60.000 locales y 120.000 empleos
La actual polémica tiene raíces muy viejas. Una ley de 1964 establecía la prórroga forzosa y de carácter vitalicio de los alquileres de los locales al precio fijado en esa fecha. Sin embargo, en 1985 el entonces ministro de Economía, Miguel Boyer, modificó la norma para que la referencia fuesen los precios de mercado, aunque la medida no tenía carácter retroactivo. Por tanto, no fue hasta la aprobación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) del año 1994 cuando se estableció una moratoria de 20 años para abolir también estas rentas antiguas a los contratos anteriores a 1985.
Una prórroga que concluyó este 1 de enero de 2015.
"La entrada en vigor de la nueva Ley supondrá un aumento en el alquiler de estos locales que muchos de los actuales arrendatarios no podrán soportar, con el consiguiente cierre de estos establecimientos y la pérdida de muchos puestos de trabajo", denuncian desde la Plataforma de Afectados de Contratos de Renta Antigua. En su opinión, los motivos de crisis económica que llevaron al Gobierno a una moratoria en 1994 están vigentes en la actualidad.
"Todos los locales de renta antigua que no llegasen a un acuerdo con los propietarios van a tener que cerrar. Y es una pena que se pierdan", asegura la vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), Celia Ferrero, quien reclama más información para evaluar el alcance del problema. En este sentido, considera imprescindible la necesidad de conocer cuántos comercios exactamente no han llegado a un acuerdo con su arrendador.
Por otra parte, muchos expertos señalan que el fin de la moratoria acaba con el agravio comparativo con otros pequeños comercios que sufrían las mismas dificultades de ingresos y ventas por la crisis pero con un alquiler más alto. "No tiene sentido pensar que unos son los buenos y otros los malos. Lo importante es lograr una solución", explica Ferrero. En su opinión, lo que debería haber existido era un "servicio de mediación" de la administración para arbitrar los nuevos contratos que afectan a los establecimientos de la zona tradicional "donde se confunde el local con la actividad comercial". "Desde un principio no ha habido seguimiento ni información por parte de la administración", critica Ferrero. Por eso lamenta que cualquier medida "llegará tarde para muchos establecimientos".
En este sentido, Reyna destaca que el precio del alquiler crecerá exponencialmente y, aunque depende de la ciudad y la zona dentro de la misma, en algunos casos puede multiplicarse por cinco. Es el caso de la juguetería Así de la Gran Vía madrileña, cuyo arrendamiento pasará de 10.000 euros a 50.000.
Por eso desde UPTA reclamaron infructuosamente al Gobierno que prorrogase un año más la moratoria. Sin embargo, incluso aquellos comercios que no hayan alcanzado un acuerdo pueden ser compensados. De hecho, la normativa contempla que el arrendatario tenga preferencia para continuar en el local durante el primer año posterior al fin del contrato de alquiler o que sea indemnizado por un importe equivalente a 18 meses de renta si se instala un negocio de naturaleza similar.