La DGA ha pedido al juez investigar a Inquinosa en Rumanía y EE. UU.

En España, Estados Unidos o Rumanía. El Gobierno de Aragón quiere llevar la investigación a cualquier lugar donde haya un rastro de Inquinosa o de su director general, Jesús María Herboso Pajarrón. Sus servicios jurídicos han solicitado al Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca hasta 20 diligencias para buscar bienes y derechos de la empresa con el objetivo de cobrar la indemnización de 6,5 millones de euros a la que fue condenada por los daños medioambientales que causó el vertido incontrolado de residuos de lindano, y que nunca ha satisfecho. 

Entre ellas figura información sobre posibles bienes, acciones, inmuebles o actividades económicas e industriales en Rumanía y Estados Unidos. Se ha pedido al juez que la requiera a Inquinosa, pero en caso de no facilitarla, que envíe sendas comisiones rogatorias a los juzgados de esos países y pregunte los datos en las oficinas económicas y comerciales de las embajadas de España.

La lista de diligencias figura en la demanda de ejecución de sentencia presentada en junio y que el juzgado ha admitido a trámite. En primer lugar, a través del Punto Neutro Judicial, los letrados de la DGA reclaman que se consulte a la Tesorería de la Seguridad Social sobre la situación laboral de Herboso, detallando las empresas en que trabaje y si cobra prestación por desempleo o una pensión. También a la Agencia Tributaria, para conocer sus domicilios fiscales, rentas del trabajo, cuentas bancarias, valores, planes de pensiones, vehículos, propiedades inmobiliarias y los impuestos de sociedades o IVA, así como ventas y compras a terceros. 

La petición se extiende a las entidades bancarias, los registros de la propiedad y los mercantiles. En este caso, sobre el accionariado de Industrias Químicas del Noroeste, cargos societarios, capital social y datos de actividad de los últimos cinco años, así como de otras empresas a las que han podido estar ligados Inquinosa o Herboso: Fitofec, Belplast Petrochemical y Own Decision.

En Rumanía la investigación se centra en la actividad industrial, mercantil y comercial que pudieron tener con la empresa Oltquino. También se pide la colaboración en el mismo sentido de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rumanía. Y es que se sospecha que la empresa que fabricó el pesticida lindano, una vez cerrada su planta de Sabiñánigo, siguió produciendo o comercializando en ese país, por sí misma o en coinversión con Oltquino.

En el caso de Estados Unidos, la asesoría jurídica de la DGA trata de averiguar, a través del juzgado de Huesca, si tuvo licencias o derechos de importación de lindano, y su relación comercial con JLM Industries Inc. También se requerirá a esta sociedad sobre su posible relación con Inquinosa y con sus asociadas rumanas. 

Igualmente, piden que se rastreen las actividades de financiación de investigación de Inquinosa, a través de la Agencia de Protección Medioambiental. 

Entre las diligencias se incluye también un requerimiento a Inquinosa Internacional para ver su relación con Herboso. Y es que una década después de cesar la actividad en Sabiñánigo, figuraba como miembro del Consejo de Administración de esa sociedad, registrada en 1997 y dedicada a la importación y exportación de productos químicos. Su sede social, en el número 123 del paseo de la Castellana, coincidía con la de Chemical Trading S. L. A su vez Inquinosa Internacional estaba ligada a la multinacional americana JLM Industries Inc., con sede en Florida y la misma actividad. 

Herboso figura como administrador único de Inquinosa, aún activa en los registros, con 3,8 millones en ventas y 1,6 de capital social, y con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid). También lo es de Belplast Petrochemical, con 124.000 euros de capital; y es liquidador de Own Decision.

La sentencia condenatoria es firme desde hace cinco años, pero no se ha hecho efectiva. En 2009, el Tribunal Supremo ratificó la dictada por la Audiencia de Huesca el 25 de octubre de 2004 condenando a la compañía y a su director general a pagar a la DGA una indemnización por daños y perjuicios al medio ambiente de 6,5 millones. Se ponía fin así a un litigio iniciado en 1996, cuando la letrada del Gobierno aragonés Mercedes Tesa planteó una demanda de responsabilidad civil. Pero desde el primer momento, el Ejecutivo tuvo clara la dificultad de hacer efectiva la indemnización, ya que el único patrimonio conocido es una fábrica contaminada en Sabiñánigo.

En junio pasado, a punto de expirar el plazo legal, la DGA decidió solicitar su ejecución para acabar con esa impunidad. La reclamación final es de 20 millones, que incluye intereses de demora.