Los morosos adeudan ya 49 millones de euros a las comunidades de vecinos

Los problemas económicos de las familias también han afectado a las cajas de las comunidades de propietarios, cada vez con más agujeros por los impagos de vecinos, inmobiliarias y bancos. Según el Consejo General de Administradores de Fincas, a las comunidades de vecinos de Aragón se les adeudaban 49 millones de euros al cierre de 2013, de los cuales 40 correspondían a vecinos morosos y los otros nueve a bancos que se han quedado con la propiedad de pisos y que no están pagando las correspondientes cuotas. La morosidad ha crecido un 16% con respecto a 2012, cuando la deuda global estaba en 42 millones.

"Una de las primeras cosas que deja de pagar una familia cuando pasa por apuros económicos es la comunidad. Porque antes tiene que abonar la hipoteca, la luz…", señala Miguel Ruiz Lizondo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón. Añade que están teniendo muchos problemas para cobrar y que, además, en el caso de los bancos concurre una circunstancia agravante: que algunas entidades financieras que se han quedado finalmente con algún piso –ya sea de vecinos o de inmobiliarias quebradas– no están procediendo a inscribir los inmuebles en el Registro de la Propiedad, o lo hacen con mucho retraso y tras la insistencia de los vecinos.

No obstante, apunta que la ley que regula estos casos, reformada en junio del año pasado, ha dado más posibilidades a las comunidades de propietarios para reclamar a los bancos las cantidades impagadas. Antes solo se les podía exigir, una vez se inscribían, los gastos comunitarios del año en que daban de alta el piso y el ejercicio anterior; mientras que ahora pueden reclamar los tres años anteriores a la inscripción. Según Ruiz Lizondo, estos problemas con las entidades financieras se concentran sobre todo en obra nueva, donde por la situación del mercado inmobiliario apenas se han vendido unos cuantos pisos con respecto a lo que preveía la inmobiliaria.

La deuda por provincias

Por provincias, incluyendo vecinos y entidades financieras, la deuda se reparte en 34 millones en Zaragoza, 10 en Huesca y los otros cinco en Teruel. En toda España, los impagos suben hasta los 1.798 millones de euros, de los que 342 son de bancos.

Las comunidades de propietarios están "probando de todo" para poder cobrar las deudas, e incluso se recurre a la vía judicial. "No obstante, por las tasas judiciales –dice Ruiz Lizondo–, se suele acudir cuando la cantidad impagada empieza a ser importante".

Otra opción que se está utilizando es ofrecer al moroso un plan de pagos "más cómodo y a plazos". "Firman un documento, en el que también se incluye que la comunidad de propietarios no renuncia a la vía judicial si se dejara de pagar por cualquier razón".

No obstante, apunta que los vecinos que sí que abonan sus cuotas "suelen ser solidarios" con los residentes que no pueden hacer frente a los gastos comunitarios por la crisis: "Si al presidente le viene un vecino diciendo que está teniendo problemas económicos, se es muy compresivo".

Pero añade que el problema de la morosidad está causando que las comunidades prescindan de algunos servicios que tenían contratados, reduciendo así costes de donde se puede. Esto está afectando especialmente al empleo de los porteros. Su despido o no reposición al jubilarse se está sustituyendo con la contratación de una empresa de servicios de limpieza (incluso hay veces en que son los propios vecinos quienes hacen este trabajo), y en los casos en que se sigue necesitando un vigilante, se contrata conserjes a través de compañías especializadas.

Consecuencias de la morosidad

También se están posponiendo obras de mejora en los inmuebles para evitar derramas. El informe anual del Consejo General de Administradores de Fincas apunta que una de cada tres comunidades de vecinos aragonesas no tiene capacidad para pagar derramas. "Se están atrasando muchísimas obras que se harían en una situación económica normal", señala Ruiz Lizondo. Menciona, entre otras, reparaciones de fachadas, pintar escaleras, y el mantenimiento en general.

También hay casos en los que se intenta posponer lo máximo posible pasar la Inspección Técnica de Edificios (ITE) hasta que los ayuntamientos obligan a ello, o incluso inmuebles que han tenido problemas para afrontar el gasto que supone una ITE.