El Gobierno de Aragón abrirá tres oficinas 'antiokupación' en junio para asesorar a afectados
Licitará ya el servicio para que lo presten abogados en las tres capitales por 55.000 euros al año. Nolasco lamenta que en el último ejercicio ha habido un repunte de casos del 8,9%
El Gobierno de Aragón pondrá en marcha antes del verano tres oficinas de asesoramiento jurídico a los afectados por la ocupación de sus pisos, que asumirán abogados en las capitales por un coste anual estimado en 55.000 euros. La directora general de Justicia, Esmeralda Pastor (Vox), ha señalado este jueves que los letrados que presten este servicio gratuito, cuya licitación será inmediata, se encargarán además del "acompañamiento a las víctimas" hasta la apertura del procedimiento judicial. La de Zaragoza se sumará a la que ya tiene el Ayuntamiento de Zaragoza
Esmeralda Pastor se ha trasladado junto al vicepresidente aragonés, Alejandro Nolasco, a uno de los sectores más afectados de Zaragoza, el entorno de la calle de Pignatelli, donde hay 20 edificios ocupados. La directora general confía en que las oficinas sirva para "disuadir" y actuar de forma "más diligente y rápida". No obstante, ha admitido las limitaciones para actuar, dado que ejerce las competencias de Justicia y "la última palabra" la tiene Interior.
Aunque se ha referido al problema como "una lacra que está cayendo sobre una gran parte de españoles", ha estimado que el número de casos en Aragón podrían rondar los 450. Y lo ha calculado en función del mismo servicio de asesoramiento gratuito del Ayuntamiento de Zaragoza, que en sus tres años de funcionamiento ha atendido 318 reclamaciones, de las que 54 se cursaron el año pasado. "Entendemos que son muchos más, porque estos son los que avisan a la oficina", ha añadido.
La directora general de Justicia ha reconocido el retraso que lleva la puesta en marcha de las oficinas 'antiokupación' anunciada previamente para febrero, y que ha achacado a no haber podido cubrir las dos plazas de jefe de sección encargados de las licitaciones.
El vicepresidente aragonés se ha mostrado convencido de que las oficinas de asesoramiento jurídico son el inicio para que a la "gentuza, a los criminales se les acabe chollo de poder seguir delinquiendo a sus anchas". Con datos de la Fiscalía General del Estado, ha señalado que Aragón sufrió el año pasado un repunte de un 8,9% en el número de viviendas ocupadas.
Alejandro Nolasco ha añadido que quieren que Zaragoza, y por extensión todo Aragón, sean lugares seguros, aunque no ha aportado otras medidas más allá de las oficinas de asesoramiento. "No estamos hablando de familias vulnerables que necesiten una solución habitacional, sino de delincuentes que viven de la amenaza, la extorsión y el robo que deben ser juzgados y desalojados", ha apuntado.
En su visita, los dirigentes de Vox han estado acompañados por representantes de la Plataforma de Afectados del Gancho-Pignatelli. Su presidente, Miguel Magen, ha aclarado que están en contra es de la ocupación por parte de "delincuentes", no de familias vulnerables que se ven abocadas a esta situación por falta de una alternativa ocupacional, de la que ha responsabilizado a las instituciones.
Magen ha trasladado la preocupación vecinal por las condiciones "infrahumanas" de muchos inmuebles y, especialmente, por la actividad delictiva que, ha asegurado, se ejerce en alguno de los veinte bloques ocupados y que "estigmatiza" al barrio. "Tenemos miedo", ha dicho antes de ejercer a la Administración una inversión "hábil y valiente".
