En otro hecho insólito, Álvaro García Ortiz ha recusado a todos los magistrados del Tribunal Supremo que tienen que resolver el recurso contra su designación como fiscal general del Estado. 

Más allá de que el Senado, con mayoría absoluta del PP, le haya reprobado, la pugna soterrada que se ha desatado entre el máximo representante del Ministerio Fiscal y el Supremo, que ha anulado los dos nombramientos que realizó sobre Dolores Delgado, es un signo más del deterioro que sufren las instituciones democráticas y daña la imagen que los ciudadanos tienen de la Justicia.

Álvaro García Ortiz se encuentra en el centro de la polémica, cuestionado política y profesionalmente, no solo por sus últimas decisiones sino también por un asunto de fondo que muchos de los fiscales del país ponen en tela de juicio: su política de nombramientos. Aunque es cierto que también los gobiernos del PP promocionaron a fiscales afines, la actual crisis de la Fiscalía General del Estado tiene su origen en un relevo muy cuestionable éticamente: el nombramiento de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como jefa del Ministerio Público inmediatamente después de dejar el Gobierno. A esta le sustituyó en la Fiscalía su segundo, precisamente el actual fiscal general. Tras estos controvertidos nombramientos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la Fiscalía dirigida por García Ortiz ha ido acumulando episodios inéditos que están socavando la confianza en su autonomía y revelan la extrema debilidad del fiscal general del Estado. La actuación de García Ortiz está tensando a la Fiscalía y a la cúpula el Poder Judicial. Con su abierta sumisión al Ejecutivo y con un descrédito creciente entre la carrera fiscal está arrastrando consigo la imagen de una institución fundamental en el Estado de derecho.