Azcón vincula a los socialistas con el despacho que elaboró el informe del PSOE sobre la cesión de La Romareda
Asegura que el tercer catedrático que forma el equipo pertenece a la Universidad de Zaragoza y ha sido nombrado al frente de un organismo de la DGA.
La guerra de informes continúa en el camino hacia la nueva Romareda. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha cargado este martes contra el PSOE y ha vinculado el estudio que presentó el jueves el grupo municipal, que defendía la cesión del campo a 40 años frente a los 75 que está pidiendo el club, con el propio partido. Según ha dicho el alcalde, del despacho privado que lo ha elaborado forma parte un tercer catedrático que no firma los documentos y que, ha añadido, pertenece a la Universidad de Zaragoza y está vinculado a un organismo que depende del Gobierno de Aragón.
La persona aludida es José Antonio Laínez, quien es miembro del consejo de administración del Centro de Empresas e Innovación y que forma parte de la consultora de los dos catedráticos que le hicieron el informe al PSOE, aunque no es el firmante del documento. Fuentes de la DGA apuntaron que lleva 30 años en ese organismo, aunque para Jorge Azcón "lo que ha hecho el PSOE ha sido aportar informes de sus técnicos".
Azcón ha acusado directamente a la formación de ocultar a uno de los consultores del despacho. "Este tipo de cuestiones demuestran lo que queremos unos y lo que quieren otros -ha criticado-. Unos queremos aportar transparencia, luz y estudios independientes y el PSOE lo que ha querido es poner palos en la rueda aportando un informe de parte en el que uno de los consultores se ha ocultado a los zaragozanos".
En concreto, Azcón se refería al informe que esgrimió la portavoz del grupo socialista, Lola Ranera, para defender que con una explotación a 40 años para el futuro campo de fútbol "las cuestas salen". El estudio, encargado ex profeso a catedráticos de Economía Financiera y Contabilidad, contradice al que había presentado el día anterior el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, y defiende que con una cesión de cuatro décadas los promotores obtendrían un beneficio de 286 millones de euros, una cifra que se dispararía hasta los 751 en caso de ir a un modelo de 75 años.
El documento asegura que podrían utilizarse hasta 33.270 metros cuadrados de usos terciarios, frente a los 22.500 de los que se habla en el estudio inicial de Idom, en el que se basa la alegación presentada por el Real Zaragoza. También dice que la parcela que se incorpora, resultante de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), es de 20.500 metros cuadrados en lugar de 22.500, lo que reduciría los costes de construcción.
Está rubricado por Manuel García-Ayuso, catedrático de la Universidad de Sevilla, y Juan Monterrey, de Extremadura. Pero según han indicado fuentes del gobierno PP-Cs, forma parte del despacho de expertos un tercer profesional, en este caso de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Laínez, quien ha sido nombrado en el Centro de Empresas e Innovación que depende de la consejería de Economía del Gobierno de Aragón.
Los grupos deberán pronunciarse este miércoles en una comisión extraordinaria de Urbanismo sobre la alegación del Real Zaragoza a la modificación del PGOU, que después deberá ratificarse también en el pleno.
