El Ayuntamiento de Zaragoza detecta un cuarto caso de posible fraude en una oposición de 2019
Los grupos políticos han acordado acudir hoy a la Fiscalía para que analice las supuestas irregularidades. PP-Cs mantendrá los procesos selectivos y revisará los protocolos para reforzar la seguridad.
El goteo de casos de supuestas irregularidades en los procesos selectivos del Ayuntamiento de Zaragoza no cesa. A los dos casos conocidos hasta ahora, que afectaban a unas oposiciones celebradas en noviembre para oficiales de cementerio y a otras de 2018 de técnico medio informático, este jueves se sumó el aviso del PSOE sobre dos preguntas anómalas en una oposición a técnico sociocultural. Pero, además, en mayo de 2019 hubo otra oposición, también a oficial de cementerio, en la que de 50 preguntas, seis tenían signos de puntuación que hacen sospechar que podrían servir para ayudar a los opositores.
Esta sucesión de casos obligó este jueves al Ayuntamiento de Zaragoza a tomar medidas. Ante la gravedad de las sospechas, todos los grupos políticos acordaron en el seno de la junta de portavoces acudir a la Fiscalía, tal y como habían defendido tanto el gobierno municipal como el PSOE. Mientras se activa la investigación, los responsables de Personal anunciaron una revisión de los protocolos para reforzar la seguridad de los test que se incluyen en las oposiciones municipales.
En la primera, según los sindicatos, ocho de las diez respuestas correctas estaban marcadas, así como dos de las cinco de reserva. La señal en concreto consistía en que la respuesta acertada tenía un punto final, mientras que las incorrectas no lo tenían. Un patrón similar se produjo con otra oposición a técnico medio de informática, celebrada en 2018: en 10 de las 40 preguntas había elementos en la puntuación que podían ayudar al opositor.
Tercer caso: un examen de 2019
Pero las sospechas no se quedan ahí. Ayer mismo este diario pudo confirmar que la puntuación también permitía diferenciar las respuestas correctas de las incorrectas en otra oposición. Se trata de una prueba celebrada en mayo de 2019, cuando todavía gobernaba ZEC, en la que 6 de las 50 preguntas tenían la respuesta correcta bien con un punto al final o bien sin él. En otras preguntas también hay signos de puntuación que apuntan a las opciones incorrectas. Este examen era para una plaza de oficial de cementerio, en el turno libre de consolidación de empleo temporal.
El PSOE citó un cuarto caso, el de una oposición de junio del año pasado para una plaza de estabilización de empleo temporal de técnico superior sociocultural. En ese caso son dos las respuestas con opciones con anomalías, aunque las sospechas son más débiles dado que el examen tenía un total de 80 preguntas. Que los socialistas revelaran este caso causó un gran malestar en el gobierno, dado que consideró que no había evidencias claras de que en este caso hubiera problemas como para poner esta oposición bajo sospecha. «Cuando se vierten acusaciones tan graves, hay que tener un poco de rigor», afirmó el concejal delegado de Personal, Alfonso Mendoza.
El goteo de casos sospechosos ha generado un fuerte impacto en la plantilla municipal y, especialmente, en el servicio de Recursos Humanos. Ante los serios indicios de que podrían estar produciéndose irregularidades, el gobierno PP-Cs ya venía sopesando la posibilidad de solicitar a la Fiscalía que abriese una investigación. A esta opción se sumó en la mañana de este jueves el PSOE, que pidió además una junta de portavoces extraordinaria y urgente, que ante la gravedad de los hechos presidió el alcalde. Hoy se presentará la documentación de la que dispone el Ayuntamiento en este momento.
Cruce de acusaciones
El encuentro de los grupos estuvo marcado por el consenso y el deseo de atajar el problema llevando esa cuestión a la Fiscalía. No obstante, con carácter previo, se produjo un duro enfrentamiento entre los grupos. Mientras que la concejal de Hacienda, María Navarro, subrayaba que «estos hechos proceden de años anteriores», cuando gobernaba la izquierda, los grupos de PSOE, ZEC y Podemos acusaban al gobierno de haber querido ocultar esta cuestión y de no ser lo suficientemente contundentes ante lo que calificaron como «escándalo».
Para el gobierno municipal, las declaraciones de la oposición adolecen de «falta de rigor» y son «desafortunadas» y «muy graves» al dar a entender la comisión de delitos por parte de algún o algunos funcionarios sin respetar la presunción de inocencia. «Este gobierno cree en la profesionalidad de los funcionarios», declaró Navarro. La responsable municipal dijo que la coalición «es absolutamente transparente» y que «va a llegar hasta el final».
En cambio, la portavoz del PSOE, Lola Ranera, se mostró muy crítica: «Esto está dañando la imagen del Ayuntamiento de Zaragoza a nivel nacional», dijo. En su opinión, si el alcalde, Jorge Azcón, «no puede garantizar la igualdad, mérito y capacidad» en estos procesos, «que dé un paso atrás».
En la misma línea, Pedro Santisteve (ZEC), reiteró la necesidad de abrir una investigación «independiente y neutral» para aclarar «esta trama de apaño de las oposiciones», mientras que Fernando Rivarés (Podemos), criticó que el alcalde impidiera con su voto de calidad en el pleno que se abriera un expediente de información reservada. Finalmente, el portavoz de Vox, Julio Calvo, advirtió de que exigirá la «depuración de responsabilidades incluso a nivel penal».
Los sindicatos exigen responsabilidades
Los ocho sindicatos que conforman la Junta de Personal del Ayuntamiento de Zaragoza (CC. OO., CGT, CSIF, CSL, Forzapol, OSTA, STAZ y UGT) reclamaron en un comunicado conjunto al gobierno PP-Cs que se abra una investigación que aclare los posibles casos de amaños en exámenes de acceso a la plantilla municipal. «Ante nuevos supuestos de duda o sospecha en otras oposiciones que están saliendo a la luz, volvemos a solicitar nuestra petición que se abra un proceso investigador que clarifique todo lo ocurrido», manifestaron.
Además, la Junta de Personal exige que el concejal del área, Alfonso Mendoza, que aporte la información que está elaborando la Oficina de Recursos Humanos a petición del gobierno sobre el asunto, que ya salpica, al menos, a cuatro pruebas de los últimos años.
Finalmente, los representantes sindicales del Consistorio, reclaman que, en defensa de los «principios de transparencia y seguridad jurídica que debe existir en la Administración, se depuren, en su caso, todas aquellas responsabilidades a las que hubiese lugar».
