Los afectados por el corte de la calle Tozal reclamarán daños y perjuicios

Vecinos y comerciantes perjudicados por el corte de tráfico de la calle del Tozal de Teruel debido a los desprendimientos de un edificio reclamarán daños y perjuicios al propietario del inmueble ruinoso y, subsidiariamente, al Ayuntamiento. Los afectados han contactado con un abogado para pedir asesoramiento legal en busca de compensaciones por los inconvenientes y gastos derivados del cierre de una de las principales arterias comerciales de la ciudad desde el pasado domingo.

Uno de los comerciantes afectados, Rosendo López, explicó ayer que los comercios y establecimientos hosteleros pedirán «responsabilidades» al dueño de la finca que sufre los desprendimientos, situada en el número 31 del Tozal, y, previsiblemente, también al Ayuntamiento, «porque sabía desde hace mucho tiempo del mal estado del inmueble y no ha actuado hasta ahora».

López advirtió, además, del riesgo y las molestias que comportará acometer la demolición del edificio, si finalmente es declarado en estado de ruina inminente, en vísperas de las multitudinarias fiestas de La Vaquilla.

El alcalde, Manuel Blasco, y el concejal de Urbanismo, Jesús Fuertes, prevén que la calle, de carácter peatonal, pueda reabrirse hoy mismo. Fuertes explicó que el informe de la Gerencia sobre el estado de inmueble deberá esperar unos días porque los técnicos no han podido acceder todavía al interior de la casa para comprobar cómo está su estructura. El edil anunció, a raíz de este incidente, la realización de un estudio sobre la conservación de todo el parque de viviendas del Centro Histórico para abordar su rehabilitación.

Jesús Fuertes añadió que, en cualquier caso, antes de reabrir la calle al tráfico deberá garantizarse la seguridad de todos los afectados. El concejal explicó que la consolidación podría incluir apuntalamientos o la demolición de elementos inestables. Aunque las obras las acomete una empresa contratada por el Ayuntamiento, Tragsa, el coste será repercutido sobre los propietarios.

La amenaza de desprendimientos mantiene cerrados ocho comercios, una taberna y un restaurante. Además, el acceso a la única finca con vecinos se realiza por un estrecho pasillo. Una de las residentes, María Velasco, consideró «preocupante» el peligro de derrumbamiento de un edificio situado frente a su casa. Velasco abogó por una demolición «controlada» para conjurar el peligro de que «una tromba de agua, como las que caen estos días, pueda derrumbar el edificio sobre la calle». La vecina añadió que, aunque la vía esta cortada, sigue pasando gente que se salta la prohibición, con el consiguiente peligro de accidentes.

Uno de los copropietarios del edificio, Manuel Urbén, señaló que está a la espera de que «el Ayuntamiento diga que hay que hacer para actuar». Añadió que la demolición dependerá de si se produce la declaración de ruina inminente o no. Agregó que los dueños de la finca no han podido acceder al interior porque tienen que pasar por un local que está alquilado a un comercio textil. A su juicio, «lo normal» sería proceder al derribo para «dejar el Tozal como se merece».

Urbén matizó que el deterioro del número 31 no es un hecho aislado en la calle del Tozal, empezando por las dos casas colindantes. Un portavoz de la empresa propietaria de ambos inmuebles, Fincas y Proyectos de Teruel, criticó que, en diciembre de 2009, presentó en el Ayuntamiento un proyecto para la rehabilitación integral de su propiedad y no obtuvo ninguna respuesta oficial hasta «hace diez días».

La misma fuente añadió que, si el trámite administrativo hubiera sido más ágil, hubiera intentado ampliar la intervención a la finca intercalada, pero ahora se plantea «renunciar» al proyecto.