Medio ambiente
La DGA envía a la Generalitat la carta para que se haga cargo del oso Goiat
Rechaza las acusaciones de la Fundación del Oso Pardo porque "las posiciones políticas expresadas por un director general del gobierno anterior en nada comprometen al actual en funciones".
El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha enviado este jueves una carta a su homólogo de la Generalitat de Cataluña, Damià Calvet, en la cual le pide que se haga cargo del oso Goiat. Al mismo tiempo, ha rechazado las acusaciones vertidas por la Fundación del Oso Pardo sobre el deber del compromiso adquirido por el Ejecutivo aragonés en el proyecto de reintroducción del oso en el Pirineo afirmando que en las dos últimas legislaturas no se ha aprobado nada en ese sentido
En la carta, el consejero traslada el malestar existente en el territorio por la presencia del animal: "…Como es sabido, Goiat es un oso considerado reiteradamente depredador al que precede un conflictivo historial. Su presencia en los Pirineos es consecuencia del programa de reintroducción gestionada por la Generalitat de Cataluña, fruto de decisiones políticas que respetamos, pero que no compartimos. Atendiendo a dichas circunstancias, así como al hecho de tratarse de un programa de reintroducción en el que no participamos ni colaboramos, considero que debéis ser las autoridades catalanas quienes debéis haceos cargo del oso Goiat, tomando las medidas pertinentes que resuelvan el problema suscitado con la máxima urgencia posible...".
Asimismo, Olona insiste en la misiva en que "…muestro rechazo y oposición se basa en que, bajo las circunstancias actuales, los programas de reintroducción, a nuestro juicio, no acreditan ni garantizan que el beneficio neto derivado de la reintroducción de osos foráneos compensen los desproporcionados costes sociales y económicos que dichos programas provocan en Aragón…".
El Gobierno de Aragón cumple con sus obligaciones
Por otro lado, el compromiso al que se refiere la Fundación Oso Pardo es, únicamente, una carta firmada por un director general del año 2013. Ni el consejero, ni después el Consejo de Gobierno, ha aprobado durante las dos últimas legislaturas ningún convenio marco ni protocolo de colaboración, y por tanto, sus afirmaciones carecen de validez legal. Las posiciones políticas expresadas por un director general del gobierno anterior en nada comprometen al actual en funciones, dejando claro que el Gobierno de Aragón cumple con todas sus obligaciones en materia de protección.
