El Gobierno de Aragón respalda que los municipios puedan limitar la expansión de las renovables
La comisión de investigación en las Cortes concluye la fase de comparecencias con discrepancias entre el director de Urbanismo y el presidente del Consejo Consultivo.
Después del paso de 42 comparecientes por las Cortes de Aragón, la comisión de investigación sobre la actuación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) con las autorizaciones de plantas producción de energías renovables ha entrado en la fase de conclusiones. Y lo ha hecho con un último mensaje: los municipios tienen “plena capacidad” para regular a través de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) la implantación de aerogeneradores o placas fotovoltaicas.
Así lo ha explicado el director general de Urbanismo, Carmelo Bosque, que ha sido el último de los comparecientes en la comisión. Su intervención ha entrado en contradicción con el penúltimo, Xavier de Pedro, presidente del Consejo Consultivo, que ha considerado que los municipios “no pueden regular o prohibir” la instalación de renovables por ser estos proyectos de interés general y utilidad pública.
Esta ha sido una de las cuestiones que han marcado la sesión. Xavier de Pedro intervenía por un informe emitido en 2021 en calidad de letrado de la DGA y que sostenía que eran las comunidades autonómas las competentes en regular esta cuestión, no los ayuntamientos.
De Pedro ha sido parco en explicaciones y se ha remitido a su informe, hecho que ha causado quejas de algunos grupos, especialmente del PAR, su partido, con cuya dirección está enfrentado. De hecho, Alberto Izquierdo ha dicho que su informe “menoscababa” las competencias municipales. CHA también ha defendido la capacidad de actuar de los ayuntamientos.
Preguntado por el PP si sería posible crear mecanismos para “dar poder” a los ayuntamientos para decidir sobre las renovables, ha afirmado que “son opciones legislativas”.
Carmelo Bosque ha descrito el papel que juegan los órganos urbanísticos en las autorizaciones de las renovables. En este sentido, ha explicado que los consejos provinciales tienen que trasladar si el proyecto es compatible o no con la normativa urbanística de termino municipal.
Ha dicho que los PGOU suelen apuntar que los proyectos de interés público o social se pueden aceptar “siempre que no afecten a los valores ambientales”. Ha añadido que eso corresponde “al órgano específico en la materia”, es decir, al Inaga.
Bosque ha insistido, a diferencia de De Pedro, en que “los ayuntamientos tienen plena competencia para establecer actividades, usos o intensidad” en suelos urbanos, urbanizables o no urbanizables.
El responsable autonómico ha explicado además que una veintena de municipios han planteado cambios en su planeamiento para posibilitar o restringir la llegada de las renovables. Aunque no ha citado municipios concretos, Jaca, Sabiñanigo, Zaragoza o Ejea han hecho modificaciones para limitar la implantación de molinos o placas. Otros ayuntamientos, como el de Cantavieja, para facilitarla.
“El criterio que hemos seguido es reconocer el derecho de los ayuntamientos a regular”, ha apuntado el director general de Urbanismo, que ha puntualizado que esto es posible solo si el municipio tiene un Plan General. En lo que sí han coincidido De Pedro y Bosque es que cualquier cambio normativo no puede tener una aplicación retroactiva sobre proyectos ya autorizados sin que eso suponga una indemnización.
Tras las comparecencias, los grupos parlamentarios iniciarán el trabajo de estudio de la documentación y redacción de las conclusiones, que se prolongará durante el mes de marzo. Después habrá que ver cuáles prosperan y cuales no de cara a la elaboración del dictamen, que podría presentarse en pleno el próximo mes de junio.
