La pensión media de los aragoneses podría reducirse una tercera parte hasta 2060

La UE avisa de que el sistema de pensiones en España tendrá que reducir sus pagos. Con los actuales, la pensión media bajaría unos 325 euros en la Comunidad.

El número de pensiones avanzó en junio un 1,17% respecto al mismo mes de 2015.
La pensión media de los aragoneses podría reducirse una tercera parte hasta 2060
Luis Ángel Tejedor

El debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones ha dado mucho que hablar y parece que lo seguirá haciendo. Sin ir más lejos, este miércoles la Autoridad Fiscal Independiente vaticinaba en un estudio que, de no mejorar la situación económica con más potencia, la denominada hucha de las pensiones se agotará en el año 2018.


A esta continua inestabilidad e incertidumbre se ha sumado en la última semana un laborioso informe de la Comisión Europea donde Bruselas radiografía e intenta predecir qué futuro deparará a los jubilados de dentro de unos años de mantenerse las condiciones actuales en los países miembros. Y España es el que sale peor parado en esta agorera comparativa.


Según la Comisión, de no establecerse otros mecanismos de financiación, los jubilados españoles del año 2060 podrían perder en torno a una tercera parte de poder adquisitivo con respecto a los actuales debido a que los ingresos que les podría abonar el Estado ya no llegarían a representar el 80% del último sueldo -como ocurre actualmente- sino que se quedarían en apenas el 50% del salario por el que habrían estado cotizando.


Aunque el informe no regionaliza los resultados más allá de los estados, la UE advierte que en las zonas con mayor envejecimiento -como es el caso de Aragón y otras autonomías españolas- podrían darse problemas de pobreza entre la población de mayor edad, cada vez más numerosa, y cada vez también menos sustentada económicamente por el Estado.


Esto en el caso español, porque en otros países miembros en la proyección que realiza Bruselas, si bien también indica que bajarán sus respectivas pensiones, no se espera que lo hagan tanto como en España. El país que sale mejor parado es Holanda, donde sus pensiones apenas perderían capacidad adquisitiva, en buena medida porque en los Países Bajos -donde el sueldo medio es 1.200 euros mensuales más alto que en España- el ahorro privado aporta un 60% de la pensión que recibe de media un trabajador, mientras que en España prácticamente la totalidad de las pensiones recae sobre el ámbito público.

La tasa de cobertura en Aragón está en 1,74 cotizantes por pensionista, por el 1,82 a nivel nacional

Para hacerse una idea, de extrapolarse estas proyecciones a los importes que reciben actualmente los pensionistas aragoneses, esto significaría que un jubilado aragonés (que ahora perciben de media 1.074 euros cada uno) perdería cerca de 325 euros.


Un panorama complicado que se irá generando progresivamente según la evaluación de la Comisión y que en 2060 afectaría a la generación de los nacidos entre los 80 y 90 debido a que cada vez habría menos población activa para mantener a un mayor número de ciudadanos mayores.


En concreto, Bruselas prevé que dentro de cuatro décadas los cotizantes en España no superen los 19 millones, que deberán sufragar las pagas de jubilación de otros 14,1 millones de personas. Algo que además, condicionado por los últimos años de crisis y la pérdida de empleo, se ha acentuado a pesar de las reformas elaboradas por los gobiernos de Zapatero primero -que eleva progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años- y del PP después.


Según los últimos datos de la Seguridad Social, Aragón ha comenzado el 2016 con apenas 1,74 cotizantes por cada jubilado (nivel que en España se sitúa en 1,82), cuando desde hace tiempo se advierte que lo mínimo para un funcionamiento óptimo serían dos personas trabajando para mantener una pensión.

¿Cuándo comenzarán a bajar las pensiones?

Con el problema cada vez presente en más foros, el debate se centra ahora en cómo reformar el sistema de pensiones para afianzarlo. En el actual modelo, lo obtenido mediante las cotizaciones de los trabajadores en activo va destinado a sufragar el gasto en pensiones contributivas, mientras que las prestaciones no contributivas o de carácter asistencial se abastecen vía impuestos.


Una financiación que en vista de su posible agotamiento ya se está debatiendo en diversos entornos económicos. El profesor del área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Zaragoza, Ángel Luis de Val Tena, explicaba a Heraldo.es al abordar el problema de las pensiones que una opción “podría ser intentar liberar a la Seguridad Social tomando también parte de la financiación de las contributivas a partir de impuestos, lo que tampoco implicaría una subida, sino que se habilitara una partida en base a lo que se recauda”.


Por su parte, la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), que también advirtió a comienzos de febrero del posible retroceso que pueden tener las pensiones en un futuro, abogó también por financiar el sistema con impuestos, eliminar el factor de sostenibilidad y volver a ligar las pensiones al IPC.


Un debate que desde el ámbito político -donde el actual Ejecutivo en funciones ya propuso el pasado verano estudiar pasar ciertas pensiones a la financiación vía impuestos- ha tenido su último capítulo en el pacto firmado por PSOE y Ciudadanos para la formación de un posible Gobierno. En él, ambos partidos acuerdan retomar el Pacto de Toledo y también inciden en la obtención de financiación por vía impositiva estableciendo “cambios en los ingresos por cotizaciones que vinculen la aportación al sistema con los ingresos realmente percibidos al tiempo que se adoptan medidas para impedir la erosión de los ingresos como consecuencia de la proliferación del trabajo precario y a tiempo parcial", según se recoge en el documento de su pacto.


Por el momento, en Aragón los nuevos pensionistas que entran al sistema siguen ganando más que sus predecesores de forma continuada gracias a que sus generaciones tuvieron carreras de cotización más largas y mejor pagadas. Pero en algunas autonomías españolas, como Galicia o País Vasco, esta tendencia ya se está revirtiendo.

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